El Parlament vota si acata la suspensión de los diputados procesados por el Supremo

JxCat y ERC anunciaron la semana pasada un acuerdo sobre cómo resolver la situación: amparándose en el artículo del reglamento del Parlament que detalla los pasos a seguir en caso de suspensión, convocaron la Comisión del Estatuto del Diputado y aprobaron --con el apoyo de CatECP y la CUP-- un dictamen que insta al hemiciclo a votar si acepta la suspensión y propone que los afectados puedan "designar" a un diputado que ejerza sus derechos.

Con el fin de resolver este escenario antes del Debate de Política General, que comienza este martes por la tarde y se alargará hasta el jueves, el presidente del Parlament, Roger Torrent, con el acuerdo de la Junta de Portavoces, ha convocado un pleno a las 12.00 horas con un único punto en el orden del día: el debate y votación del dictamen.

Sin embargo, hay dudas sobre si la iniciativa prosperará porque el artículo 25 del reglamento, que habla de las suspensiones, dictamina que la votación en el pleno debe lograr la mayoría absoluta y el letrado mayor del Parlament, Joan Ridao, consideró durante la comisión que esta prerrogativa afecta a los dos puntos que tiene el dictamen.

El apartado A pide al hemiciclo pronunciarse sobre la suspensión a través de una votación, y el B propone que los diputados afectados puedan delegar sus funciones en un compañero del grupo parlamentario.

¿MAYORÍA ABSOLUTA O SIMPLE?

El texto tiene una parte dispositiva que habla explícitamente del artículo 25 antes de introducir los puntos del, por lo que "si se aprueba la letra B se tiene que poner en relación a esta primera parte que también se aprueba y, por tanto, los proponentes están situando lo que proponen en el marco del artículo 25", expuso Ridao.

No obstante, fuentes independentistas opinan que la vinculación es sólo explícita en el caso del primer punto, mientras que no está claro que el segundo tenga que aprobarse forzosamente por mayoría absoluta.

Además, el secretario general de la Cámara, Xavier Muro --máximo responsable de los juristas del Parlament--, ha trasladado este lunes a los coordinadores de los grupos que el segundo apartado no requiere mayoría absoluta.

La discusión sobre la mayoría absoluta o simple viene condicionada por el hecho de que los diputados suspendidos no puedan votar, lo que deja a JxCat y ERC, con 59 votos, a merced de lo que decidan tanto los 4 escaños de la CUP como los 8 de CatECP, puesto que precisan de al menos 68 para la mayoría absoluta.

El dictamen se aprobó en comisión con los votos de JxCat, ERC, CatECP y la CUP, aunque estas dos últimas formaciones puntualizaron que su 'sí' no era al contenido del texto, sino a elevarlo al pleno.

El resto de los grupos no participaron en la votación al entender que el Parlament no puede decidir si acata una decisión judicial, pero mientras que PSC-Units y el PP sí participaron en el debate de la comisión, Cs se fue poco después de su comienzo tras expresar su rechazo al dictamen.

Asimismo, el grupo naranja anunció que está preparando una querella criminal contra los miembros de JxCat y ERC de la Mesa de la Cámara catalana por sus decisiones sobre los diputados suspendidos por el Tribunal Supremo (TS), y que estudia incorporar al letrado Ridao porque consideran que debería haber advertido de que el dictamen es contrario a la ley.

La querella también incluirá a otras dos diputadas: la alcaldesa de Girona, Marta Madrenas (JxCat), y Mónica Palacín (ERC) en tanto que miembros de la Mesa de la Comisión del Estatuto del Diputado, porque Cs cree que debería haber frenado el debate del informe.