El juez Llarena decreta prisión para Turull, Rull, Romeva, Bassa y Forcadell
Lo hace a petición de la Fiscalía, de la Abogacía del Estado y de la acusación popular ejercida por Vox
- Tanto Turull como Rull, Romeva y Bassa están procesados por los delitos de rebelión y malversación
- A Forcadell se le atribuye únicamente delito de rebelión
El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa por el 'procés' en el Tribunal Supremo, ha decretado el ingreso en prisión incondicional del candidato a la Presidencia de la Generalitat, Jordi Turull, los exconsejeros Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa y la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell ante el riesgo de fuga y de reiteración delictiva en los delitos por los que les ha procesado este mismo viernes. Lo hace a petición de la Fiscalía, de la Abogacía del Estado y de la acusación popular ejercida por Vox.
El Ministerio Público ha argumentado ante el juez Pablo Llarena que existe riesgo de fuga en el caso de todos ellos y que esta circunstancia se ve agravada por el hecho de que la número 'dos' de ERC, Marta Rovira, no haya acudido este viernes a la sede judicial tras haber huido.
De acuerdo con el auto que el juez que ha notificado este mismo viernes a las partes personadas en la causa, tanto Turull como Rull, Romeva y Bassa están procesados por los delitos de rebelión y malversación mientras que a Forcadell se le atribuye únicamente delito de rebelión
El juez Pablo Llarena justifica el procesamiento de 25 investigados en la causa que instruye contra el proceso independentista en Cataluña porque el "diseño criminal" de la hoja de ruta que culminó con la declaración unilateral de independencia (DUI) puede no haberse interrumpido con la aplicación del artículo 155 de la Constitución y que parece estar "latente y pendiente de reanudación una vez que se recupere el pleno control de las competencias autonómicas".
Así lo manifiesta el magistrado en el auto de procesamiento, en el que advierte de que la causa que investiga supone "un ataque al Estado constitucional que, con la voluntad de imponer un cambio en la forma de gobierno para Cataluña y del resto del país, integra una gravedad y persistencia inusitada y sin parangón en ninguna democracia de nuestro entorno, más aún por haberse desplegado aprovechando las facultades políticas y de gobierno que la propia Constitución otorga precisamente para la garantía de los derechos de todos los ciudadanos de esta comunidad autónoma y del país".
