El juez del 'caso Rato' abre una pieza secreta: volverá a declarar el 19 de febrero
También declarará el abogado y presunto testaferro de Rato, Domingo Plazas
- La pieza principal investiga pagos irregulares a empresas de Rodrigo Rato
- La Audiencia de Madrid acepta que UPyD se persone como acusación popular
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, ha abierto una pieza secreta separada en el marco de la causa en la que investiga el patrimonio del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, al que ha citado en calidad de investigado el próximo 19 de febrero, informaron fuentes jurídicas.
En este nuevo procedimiento también está prevista la declaración el día 19, también en calidad de investigado, del abogado y presunto testaferro de Rato, Domingo Plazas, de otros dos querellados y de dos testigos.
También declararán el abogado y presunto testaferro de Rato, Domingo Plazas, y otros dos querellados
En la pieza principal, en la que la Audiencia Provincial de Madrid admite la personación en la causa de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), declararán el próximo 18 de febrero los representantes legales de Zenith y Publicis, a los que el magistrado imputa un delito de corrupción entre particulares.
POSIBLES COMISIONES
El juez, que imputó al presidente de Publicis, Miguel Ángel Furones, y al director ejecutivo de Zenith, Sergio Lorca, investiga si estas dos empresas, que llevaron a cabo dos campañas publicitarias sobre la salida a Bolsa de Bankia y los valores de la entidad, pagaron comisiones ilegales a Rato por valor de casi 835.024 euros.
En el marco de esta causa, en la que están imputadas una decena de personas, el juez investiga dos pagos de 474.416,64 y 360.608 euros que la mercantil Albisa (supuesta sociedad pantalla de Rato a través del intermediario, Alberto Portuondo), realizó a Kradonara en los años 2011 y 2012.
Estos pagos se justificaron, aparentemente, como "prestaciones de servicios" efectuados por Krandonara a Albisa cuando en realidad, según los investigadores, se corresponden con comisiones pagadas por Publicis y Zenit, que facturaron a la entidad 27,5 y 20,3 millones de euros en los años 2011 y 2012 por las dos campañas publicitarias.
Como resultado de esos servicios Publicis y Zenith Media realizaron pagos a Albisa por importe de 1,2 millones en 2011 y 778.023,80 en 2012. Esta sociedad transfirió a Krandonara en 2012 un total de 360.698 euros. En la instrucción también constan dos pagos de Krandonara a la sociedad Bagerpleta Gmbh, constructora del hotel de Berlín y participada por Rato en un 44 por ciento, por valor de 420.000 y 75.000 euros, respectivamente.
La Audiencia Provincial de Madrid ha aceptado que UPyD se persone como acusación popular en el 'caso Rato'
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PERSONACIÓN DE UPYD
Además, la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha aceptado que Unión, Progreso y Democracia (UPyD) actúe como acusación popular en el 'caso Rato', al estimar el recurso que el partido magenta interpuso contra la decisión del juez SerranoArtal, que les apartó de la causa al entender que no existía conexidad con el 'caso Bankia' en el que está personado en la Audiencia Nacional.
Los magistrados replican que la argumentación del instructor fue "insuficiente" y el ejercicio en calidad de acusación popular debe "medirse y contemplarse" en el procedimiento abierto en su juzgado, recordando los "amplísimos términos" que el artículo 125 de la Constitución otorga a la figura de la acción popular.
Por otra parte, han confirmado la fianza de 10.000 euros que el juez instructor impuso a la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) para actuar como acusación popular, al considerar que esta cuantía es "razonable y proporcionada" teniendo en cuenta la "entidad del asunto y las cuestiones ciertamente importantes" que se dirimen en este procedimiento.
En este sentido, han explicado que la certificación de saldo que la entidad aportó para calificar de "excesiva" la caución "acredita el saldo existente en la fecha indicada de la asociación, pero no que fueran los únicos ingresos, dinero o bienes con los que cuente", por lo que, a su juicio, no es un documento "definitivo" para justificar una reducción de la fianza.
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