El Gobierno recurrirá ante el Constitucional la propuesta de Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat

Mariano Rajoy ha pedido esta mañana informe al Consejo de Estado, como es preceptivo, para poder presentar el recurso este mismo viernes si ese informe es a favor, ha informado la vicepresidenta del Gobierno. “El fundamento es que el estatus jurídico actual es incompatible con su comparecencia en la cámara ya que pesa sobre él una orden de detención que se debe hacer efectiva”, ha explicado Sáenz de Santamaría.

"La situación jurídica de Puigdemont le impide estar presente a la investidura", ha añadido la vicepresidenta, que ha aclarado que "también hemos solicitado al Consejo de Estado que dictamine si un candidato puede ser investido sin estar personalmente en el Parlamento". "Torrent ha propuesto como candidato a la presidencia una persona que no tiene total plenitud de sus derechos, que no tiene libertad de movimientos", ha explicado.

"Lo que decimos es que Torrent no puede proponer Puigdemont como candidato. Puede proponer a otro", ha señalado y ha concluido que espera que "los inicios de Torrent sean acatar las decisiones del Tribunal Constitucional, sea la que sea".

Sáenz de Santa María también ha anunciado que han remitido una consulta potestiva para que el Consejo de Estado informe sobre "una serie de extremos" como dictaminar si un candidato que no esté presente puede llevar a cabo la investidura sin su presencia. Asimismo, se ha pedido una informe sobre si pueden votar los cuatro diputados que permanecen en Bruselas.

REFUERZO DE LA SEGURIDAD

Por otra parte, el Ministerio del Interior concentra sus esfuerzos en desplegar un dispositivo policial para evitar que Carles Puigdemont acuda a su pleno de investidura hasta oculto en el maletero de un coche, como dijo su titular, Juan Ignacio Zoido.

Con este fin, se ha desplegado en las últimas horas un nuevo dispositivo liderado por agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que incluye la inspección del subsuelo del Parlament y un refuerzo presencial de vigilancia en aeropuertos y fronteras terrestres y marítimas, para evitar que el expresident de la Generalitat burle a la Justicia.

En el marco de este operativo, la Policía Nacional ha inspeccionado este miércoles el alcantarillado del Parc de la Ciutadella en Barcelona, donde está el Parlament. Este Cuerpo no tiene encomendadas en Cataluña estas competencias en seguridad, que asumen los Mossos d'Esquadra. Fuentes de la policía autonómica señalan que serán ellos los que, siguiendo el protocolo habitual, vuelvan a revisar y sellar las alcantarillas el mismo día del pleno.

El plazo máximo para celebrar la primera sesión de debate de la investidura es el próximo 31 de enero. El expresidente Carles Puigdemont, reclamado por la Justicia y que se encuentra fugado en Bélgica, ha insistido hoy tras reunirse con el presidente del Parlament, Roger Torrent, en que "hay muchas posibilidades", además de la asistencia presencial, para participar en ese pleno.

EL PDECAT REPLICA QUE NO HAY IMPEDIMENTO LEGAL

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, por su parte, ha considerado que la decisión del Gobierno de recurrir la candidatura del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para someterse al debate de investidura carece de "fundamento" porque no existe "ninguna razón legal" que le impida optar de nuevo a la Presidencia.

"La normativa electoral española no contempla que los supuestos en los que esta Puigdemont impidan que sea candidato", ha comentado Campuzano en el Congreso. Además, ha hecho hincapié en que con el anuncio de esta nueva medida, el Ejecutivo demuestra que "no está respetando" el resultado electoral del 21 de diciembre porque en las elecciones la "ciudadanía de Cataluña concedió la mayoría que puede elegir a Puigdemont presidente de la Generalitat".