El Ejecutivo considera que debe autorizar la transmisión de las acciones de Abertis a la compañía italiana
El Gobierno, a través de los ministerios de Fomento (dirigido por Íñigo de la Serna) y Energía, Turismo y Agenda Digital (dirigido por Álvaro Nadal), ha formulado dos requerimientos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) al considerar que Atlantia, empresa italiana que lanzó una opa (oferta pública de adquisición) sobre Abertis, debe obtener su autorización para que las acciones de la compañía española puedan ser transmitidas.
El Ejecutivo defiende en un comunicado remitido este jueves que, según la legislación española, Atlantia debe solicitar su autorización para poder hacer la opa, ya que la compañía es dueña de las sociedades concesionarias de autopistas de peaje y cuenta con una participación significativa en Hispasat, un "activo estratégico para España", tal y como lo ha definido en alguna ocasión el ministro de Economía, Luis de Guindos.
De esta manera, pide al regulador del mercado español que "se subsane el defecto provocado por la no solicitud de autorización al Gobierno por parte de Atlantia", tal y como ha expresado en el comunicado. Y es que sí "considera exigibles" tales autorizaciones.
"La petición de autorización por parte del Gobierno a la sociedad oferente no prejuzga la decisión final que se adopte sobre la misma"
No obstante, recuerda que "la petición de autorización por parte del Gobierno a la sociedad oferente no prejuzga la decisión final que se adopte sobre la misma".
Además, el Gobierno español critica en el comunicado que la compañía italiana, controlada por la familia Benetton, "ha pedido autorizaciones en todos los anteriores países donde opera Abertis", excepto el Ejecutivo de España.
Los ministerios de De la Serna y Nadal se basan en la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión y el Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprobó el pliego de cláusulas generales para la construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión.
HOCHTIEF (ACS) SÍ HA PEDIDO AUTORIZACIÓN
Asimismo, en el comunicado se indica que Hochtief, filial alemana de la constructora española ACS, "sí ha pedido las autorizaciones a ambos ministerios" y que, por ello, se está analizando su solicitud "en estos momentos" desde el Gobierno.
Esta filial de la compañía presidida por Florentino Fernández lanzó una contraoferta, o 'contraopa', el pasado mes de octubre, con la que mejoraba la oferta de Atlantia al mostrarse dispuesto a llevar a cabo un canje de 0,1281 acciones nuevas de Hochtief para un máximo de 193 millones de acciones de Abertis, el 19,54% del capital. Además, pagaría 18,76 euros por acción.
Atlantia ofertó comprar todo el cpaital social de Abertis a un precio de 16,50 euros por acción
OPA DE ATLANTIA
La primera opa sobre Abertis vino, en cambio, por parte de Atlantia. En ella, la compañía italiana se mostraba dispuesta a adquirir el 100% del capital social de la empresa (990.381.308 acciones) a 16,50 euros por acción. Posteriormente, la CNMV dio el visto a esta oferta el 9 de octubre tras una reunión del Consejo.
Tal y como indica el Ejecutivo en su nota de este jueves, Atlantia ya no consideraba entonces necesarias las autorizaciones del Gobierno español y, por tanto, "asumiría las consecuencias de no haberlas obtenido, en caso de que un tercero (el Gobierno), sí las considerara exigibles".
Un criterio contrario al que habían transmitido con anterioridad los ministerios de Fomento y Energía, Turismo y Agenda Digital, "dado el control indirecto que se obtenía sobre las concesiones públicas".
EL GOBIERNO SE BASA EN INFORMES
El Gobierno justifica su exigencia "en informes internos de los ambos departamentos y en el informe de la Abogacía General de Estado". Este último señala que, "aunque no es completamente seguro, es razonable el criterio que sostiene el Ministerio de Fomento" ya que Abertis controla "la mayoría de las empresas concesionarias de autopistas de peaje españolas".
Además, la Abogacía General del Estado afirma, tal y como indica en el comunicado el Gobierno, que "debe exigirse la preceptiva autorización" después de haberse otorgado en 1997 a Hispasat "a concesión del servicio de gestión del segmento espacial de la posición orbital geoestacionaria atribuida actualmente al Estado español".