El Gobierno de Rajoy planea la eliminación de las cláusulas suelo
La idea es que sus efectos no sean retroactivos más allá del 9 de mayo de 2013
- Los supervisores ya han mostrado su oposición a la eliminación
El Partido Popular está estudiando una fórmula jurídica para eliminar las cláusulas suelo de las hipotecas que están actualmente en vigor, así como su prohibición para el futuro, con el favor de las sentencias del Tribunal Supremo que ya las anuló en algunas entidades bancarias, según informa El Confidencial.
El proyecto se encuentra en una fase inicial y será difícil que se ponga en marcha en un corto plazo
El Gobierno de Mariano Rajoy, según explica el citado medio, pretende frenar así uno de sus grandes problemas de cara a las próximas elecciones generales aunque el proyecto se encuentra en una fase inicial y será difícil que se ponga en marcha en un corto plazo.
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La idea para esta supresión es que sus efectos no sean retroactivos más allá del 9 de mayo de 2013, fecha de la primera sentencia del Tribunal Supremo que declaraba su nulidad. Esto significaría, según El Confidencial, que los clientes no percibirán las cantidades cobradas de más en los años transcurridos desde que el interés de su hipoteca se situó por debajo del nivel mínimo estipulado en su contrato.
El objetivo ahora, según el citado medio, es encontrar una fórmula jurídica aceptable que permita eliminar una condición firmada en un contrato ante notario y ajustada a la ley vigente, por lo que los servicios jurídicos del Estado trabajan en búsqueda de una solución.
Por su parte, el sector bancario ya trabaja con la idea de que las cláusulas suelo serán suprimidas en un futuro próximo y un reciente informe del Banco Santander situaba en 800 millones de euros su impacto en las cuentas de Bankia, CaixaBank, Banco Popular, Banco Sabadell y Liberbank, que son las cinco entidades más afectadas.
Además, el Banco Central Europeo y el Banco de España ya habrían expresado su rechazo a esta medida, ya que en el caso de la institución que dirige Luis Linde, explica El Confidencial, se teme que esta supresión ponga en jaque los ratios de capital de alguna entidad en un momento en el que han alcanzado niveles de solvencia equiparables a sus competidores europeos. Para ello, utiliza algunos argumentos como que los contratos fueron firmados ante notario o que las sentencias del Tribunal Supremo adviertan que se debe revisar cada entidad, por lo que no se pueden anular todas por decreto.
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