El Gobierno cree que Torra obedece, aunque lamenta que no lo hiciera desde el primer día

El Gobierno cree que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha terminado por "obedecer" la resolución de la Junta Electoral Central (JEC) sobre la necesidad de retirar los lazos de solidaridad con los presos del 'procés' y las esteladas de los edificios de la Generalitat.

No obstante, la ministra de Educación y portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, ha indicado que, en opinión del Gobierno, la retirada de esos símbolos es algo que Torra tendría que "haber hecho desde el día uno".

A pesar de la apreciación de que Torra está obedeciendo a la JEC, Celaá no ha querido valorar si procede abrir una causa penal contra el president por un presunto delito de desobediencia. "Corresponde a otra instancia" tomar esa decisión, ha indicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "El Ejecutivo no va a pronunciarse al respecto", ha incidido.

Tampoco ha entrado a valorar el anuncio hecho por Torra de que se querellará contra la JEC por presunta prevaricación. "Vivimos en un sistema garantista y a todos nos corresponde el derecho de poder recurrir a los tribunales", ha señalado. Como también ha evitado valorar la petición del president a la ciudadanía para que cuelguen lazos de sus balcones. "No entraremos en una cuestión electoral", ha indicado.

En todo caso, Celaá ha rechazado las acusaciones lanzadas por PP y Ciudadanos contra el Ejecutivo con respecto a que ha actuado, bajo su punto de vista, con pasividad y poca diligencia en este asunto al no haber instado de oficio a la Fiscalía a actuar contra Torra.

Celaá ha negado con rotundidad tal extremo. En su opinión, el Gobierno ha sido "absolutamente diligente y eficaz". "Aquí no ha habido ninguna psividad", ha exclamado, antes de añadir que el Ejecutivo ha actuado con "total legalidad".

Es más, ha argumentado y defendido que en periodo electoral sea un órgano independiente como la JEC el que "rija" para garantizar que se mantenga la "neutralidad política". "Tiene todo el sentido", ha subrayado.

EL GOBIERNO NO PUEDE INTERFERIR

"¿Qué pensaríamos de un Estado social y democrático de derecho si (el Gobierno) pudiera interferir en un procedimiento electoral?. Es lógico y coherente que el Gobierno no interfiera. Lo que sorprende es la reiteración de determinadas fuerzas políticas reclamando al Gobierno algo que no debe hacer ¿O es que acaso están pidiendo una injerencia en el procedimeinto electoral al Gobierno?", ha esgrimido.

Celaá ha puesto en valor cómo el Gobierno se ha ajustado en todo momento a lo que ha pedido la Junta Electoral Central, reclamando informes a la Delegación del Gobierno sobre el grado de cumplimiento de la Generalitat en relación con el mandato de la JEC de retirar la simbología independentista.

La ministra también ha recordado que en las pasadas elecciones catalanas del 21 de diciembre de 2017, convocadas por el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con el autogobierno catalán intervenido en aplicación del artículo 155 de la Constitución, "había lazos y no pasó nada". Ahora, ha recordado, se actúa en respuesta a una denuncia interpuesta por Ciudadanos.

Celaá también ha precisado que los requisitos para garantizar la neutralidad política de las instituciones para que el partido que gobierna no parta con ventaja frente al resto de competidores no son los mismos que rigen en época no electoral.