El Gobierno interviene los gastos de la Generalitat para evitar desvíos de fondos para el referéndum

"Está en juego la propia defensa de la ley, y ante ello, lo que hemos hecho es tomar una serie de acuerdos que establecen un novedoso sistema de control de gastos", ha asegurado el Ministro de Hacienda y Función Pública sólo un día después de que el conseller de Economía, Oriol Junqueras, comunicara a Cristóbal Montoro que dejarán de enviar los informes semanales sobre los gastos de la Generalitat.

El Govern argumentaba que el régimen jurídico aprobado por el Parlament es incompatible con las medidas establecidas

El Govern catalán argumentaba que el régimen jurídico aprobado la semana pasada por el Parlament para regular y garantizar la celebración del referéndum es incompatible con las medidas establecidas en el acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos (CDGAE) de 21 de julio, por el cual se adoptaron "medidas adicionales para garantizar en Cataluña la prestación de los servicios públicos en defensa del interés general y en cumplimiento de la Constitución y las leyes", que requería los informes semanales sobre los gastos del Ejecutivo catalán.

La decisión del Gobierno presidido por Mariano Rajoy no ha sido la única en contra de la decisión de la Generalitat. La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha rechazado la petición del Ejecutivo autonómico de suspender de forma cautelar el acuerdo de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos del pasado 21 de julio que ordenaba la remisión de estos documentos en los que se debía acreditar que no se dedicaba ni un euro a la celebración del referéndum de independencia convocado para el 1 de octubre.

La comunidad autónoma deberá comunicar al Estado todos los préstamos pendientes

En la conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros, Cristobal Montoro ha anunciado las últimas medidas tomadas por el Gobierno, aunque ha matizado que las explicaría más en detalle en una comparecencia ante el pleno del Congreso de los Diputados. El ejecutivo anunció el control de los gastos de la Generalitat y explicó que "es un sistema por el cual el Estado sustituye al gobierno autónomo en la mayoría de los pagos". Una vez entre en vigo esta medida "la comunidad autónoma deberá comunicar al Estado todos los préstamos pendientes".

"Insistiremos también en que la Generalitat no pueda librar ningún tipo de pago que no esté suficientemente acreditado y trabajaremos para que no se pueda materializar ningún pago de este tipo", explicaba Montoro para posteriormente asegurar que esta medida "significa que el Gobierno Central pasará a pagar las nóminas de los funcionarios hasta que el gobierno de la Comunidad Autónoma acabe con esta situación".

"No podemos confiar con unas autoridades que dicen que están comprometidas con los objetivos del control de déficit, pero a su aire" y asegura que la forma en que está actuando la Generalitat "no es admisible, ni legítimo, ni fiable". Por último, Montoro afirma no estar "sustituyendo competencias. Estamos garantizando que ningún pago de esa administración va a actividad ilegal".

"Ni un euro de los catalanes irá a un referéndum ilegal", afirma el Gobierno

“Ni un euro de los catalanes irá a un referéndum ilegal”, aseguraba el Ministro Méndez de Vigo tras una de las intervenciones de Cristobal Montoro. El responsable de Hacienda no se ha querido posicionar sobre si las cuentas facilitadas por la Generalitat en los últimos tiempos pudieran estar manipuladas ocultando gastos en comunicación y otros conceptos de cara a la consulta del 1-O. "Estamos intentando evitar las malas ideas", aseguraba Montoro tras explciar que Cataluña "recibe 1.400 millones de euros cada mes por el tamaño de su presupuesto. Pero la condicionalidad es la misma, un control de legalidad. Y hay que preguntarse: ¿a quién le molesta el control de legalidad? ¿Qué cosa rara quiere hacer con el presupuesto público?".

"Cualquiera que lea las sentencias del Tribunal Constitucional sabe que ese referéndum es ilegal. Y el presidente del Gobierno no puede convertir algo ilegal en algo legal. Es que no le corresponde. No está contemplado ni en nuestra constitución ni en ninguna otra de un país cercano", aseguraba De Vigo para insistir en que los españoles deben de estar tranquilos "el gobierno sabe lo que tiene que hacer".

LOS 5 PUNTOS DE LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO

1.- El acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos requiere a Puigdemont para que, en el plazo de 48 horas desde la publicación del acuerdo en el BOE, adopte y comunique al Ministerio de Hacienda un acuerdo de no disponibilidad sobre el presupuesto de la Generalitat que afecte a todos los créditos presupuestarios no vinculados con servicios públicos fundamentales. Esto supone que la Generalitat no podrá realizar nuevos pagos de gastos
que no estén ya comprometidos, excepto si afectan a servicios públicos esenciales.

2.- La Generalitat deberá comunicar al Estado todos los pagos pendientes que afecten a los servicios públicos fundamentales, con la firma de la Intervención General certificando que esos gastos no financian ninguna actividad relacionada con el referéndum ilegal. Una vez recibida la información, el Estado no enviará nuevas transferencias a la
Cataluña para pagar esos servicios, sino que abonará directamente tanto las facturas de los proveedores, como las nóminas de los empleados públicos.

3.- El Acuerdo de la Comisión Delegada se va a enviar a las entidades de crédito con el fin de que sus oficinas eviten colaborar con las actividades del referéndum ilegal, como ya hacen frente a otras posibles actuaciones delictivas como puede ser el blanqueo de dinero.

4.- A partir de la publicación en el BOE de este Acuerdo de la CDGAE, todas las operaciones de endeudamiento de la Generalitat requerirán autorización previa del Consejo de Ministros, incluso las operaciones a corto plazo, a pesar de que ya esté aprobado su Plan Económico Financiero.

5.- Asimismo, todas las facturas de los proveedores de los servicios públicos fundamentales de la Comunidad Autónoma de Cataluña o entidades vinculadas o dependientes deberán presentarse y consultarse a través del punto de entrada general de facturas electrónicas de la Administración General del Estado para conseguir un mayor control de las mismas y garantizar su abono.