El Congreso, sin el PP, se compromete a acelerar la anulación del plazo tope de los sumarios, que lleva meses congelada
MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
El Pleno del Congreso ha reafirmado este martes su rechazo a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que aprobó el PP cuando tenía mayoría absoluta para poner un plazo tope de seis meses para la instrucción de causas penales, una modificación legal que la propia Cámara tiene pendiente desde hace 18 meses, cuando ya acordó tramitar una proposición de ley para derogarla.
En concreto, se ha aprobado una proposición no de ley del PSOE en la que se reafirma la voluntad de derogar el artículo 324 de la LECrim aprobado en 2015 y se promete agilizar la tramitación de la reforma que la Cámara Baja mantiene congelada desde mayo de 2017.
Fue en esa fecha cuando el Pleno del Congreso tomó en consideración una proposición de ley de Unidos Podemos que únicamente planteaba derogar esa limitación temporal a la instrucción de sumarios. Pese a constar de un único artículo, la iniciativa lleva año y medio acumulando prórrogas en los plazos para la presentación de enmiendas y suma ya un total de 52 ampliaciones.
La iniciativa del PSOE ha contado con el apoyo de Unidos Podemos, Ciudadanos y el grueso de los grupos minoritarios, y sólo el PP ha votado en contra, mientras que UPN ha optado por la abstención.
SALVO INVESTIGACIONES "COMPLEJAS"
Junto con el plazo máximo de seis meses para la instrucción, ese artículo de la LECrim establece que antes de que éste expire, el instructor, a instancias del Ministerio Fiscal, podrá declarar "compleja" la investigación si por circunstancias sobrevenidas no pudiera cerrarse en ese plazo. Si esto sucede, el plazo para la instrucción será de 18 meses, si bien el juez podrá prorrogar por otros 18, también a instancia del fiscal.
"Una justicia tardía no es justicia, pero de igual manera tener por objetivo primordial una justicia rápida, sin ponderar suficientemente los modos de llegar a ella, puede dar lugar a resultados igualmente injustos", argumentan los socialistas, que recuerdan críticas que suscitó en su momento la reforma auspiciada por el PP.
En su texto, recogido por Europa Press, el PSOE comparte la necesidad de fijar plazos máximos a la investigación penal para evitar "dilaciones indebidas", pero subraya que, "aunque la Justicia ha de ser rápida, también ha de garantizar la tutela penal de todas las víctimas".
Y es que, consideran que el polémico artículo adolece de una "tacha o defecto de origen", pues atribuye el control de la duración de la instrucción al Ministerio Fiscal, que no dirige la investigación, lo que "puede conllevar verdaderos espacios de impunidad".
Según recalcan, que el modelo judicial español "sigue anclado en el juez de instrucción de 1882", que es quien dirige la investigación penal, por lo que resulta "incongruente" que la ampliación de la duración de la instrucción para practicar nuevas diligencias y esclarecer hechos delictivos dependa de quien no es el encargado de esa investigación.
En este contexto, explican que los medios, recursos y herramientas con que cuenta el Ministerio Fiscal no son los apropiados para la compleja tarea del control de los plazos de instrucción. Por ejemplo, señalan que los fiscales deben acudir físicamente a las oficinas judiciales buscar los expedientes y comprobar el estado de los procedimientos y los plazos de vencimiento porque juzgados y fiscalías carecen de sistemas informáticos de gestión procesal coordinados entre sí.