El Congreso retrasa a febrero las comparecencias para medir la independencia de los órganos reguladores

El Congreso ha retrasado hasta febrero el inicio de la ronda de comparecencias con responsables de las autoridades independientes y los organismos reguladores destinadas a analizar su funcionamiento y su grado de imparcialidad real con el fin de impulsar medidas para reforzar su independencia si los grupos parlamentarios lo consideran necesario.

Inicialmente esta ronda iba a arrancar el próximo miércoles, día 19, con la comparecencia en la Comisión de Calidad de Democrática del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. Sin embargo, la falta de salas en el Congreso para acoger todas las reuniones que se habían previsto para ese día ha obligado a renunciar reajustar las convocatorias y a renunciar a esa sesión del órgano que preside el diputado de Ciudadanos, Toni Cantó.

Como todos los años, la agenda está muy cargada en la que será la última semana de actividad parlamentaria de este periodo de sesiones, en la que, además, ha habido que encajar algunas de las sesiones de comisión que tuvieron que suspenderse el pasado miércoles porque el Pleno se alargó demasiado con el debate sobre Cataluña y el Brexit que protagonizó el presidente, Pedro Sánchez.

Esta situación ha obligado a dejar para febrero, el primer más hábil del nuevo periodo de sesiones, la comparecencia de Hernández de Cos. La idea inicial era que el estudio sobre el modo de elección y el proceder de los supervisores lo llevase a cabo una subcomisión que se creó en el seno de la Comisión de Calidad Democrática y cuyos trabajos son a puerta cerrada, pero finalmente los grupos han optado por cambiar el formato.

NO HABRÁ CONCLUSIONES CONJUNTAS

Así, según han precisado a Europa Press fuentes parlamentarias, al no trabajar como subcomisión no habrá unas conclusiones o recomendaciones que tengan que pactar los grupos sino que, una vez finalicen las comparecencias, cada formación decidirá si registra alguna iniciativa para impulsar cambios legislativos.

Además del gobernador del Banco de España, el Congreso va citará a a los responsables de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), de la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia (CNMC), de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), de la Agencia Española de Protección de Datos y del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Todos estas comparecencias han sido propuestas por el PP, que también quiere llamar al director de la Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones, Sergio Álvarez Camiña; al presidente de la Asociación Española Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo, Juan Carlos Galindo; al Procurador del Común de Castilla y León, Javier Amoedo; y al catedrático de Derecho Constitucional y miembro del Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana, Carlos Flores Juberías, y al catedrático de Derecho Público Gerardo García Álvarez.

Y TAMBIÉN ACADÉMICOS

Por su parte, el PSOE plantea citar al consejero de la CNMC Bernardo Lorenzo y a un plantel de académicos como la catedrática Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona y exdiputada del PSC Elisenda Malaret; el catedrático de Derecho Mercantil de la Autónoma de Madrid Andrés Recalde, y dos profesoras de Derecho Constitucional Cristina Pauner Chulvi y María Salvador.

Desde Unidos Podemos se quiere recabar la opinión del director de control interno de la CNMC, Carlos Balmisa; de un representante de la Asociación de Inspectores y Auditores Informáticos del Banco de España e inspector del supervisor, Pedro Luis Sánchez, y del economista del Estado Antonio Maudes.