El Congreso reafirmará mañana su rechazo al plazo tope para instruir sumarios, una reforma que lleva 18 meses congelada

En concreto, lo que se aprobará este martes será una proposición no de ley del PSOE en la que se pide al Gobierno derogar el artículo 324 de la LECrim aprobado en 2015, una derogación que el Congreso mantiene congelada desde mayo de 2017.

Fue en esa fecha cuando el Pleno del Congreso tomó en consideración una proposición de ley de Unidos Podemos que únicamente planteaba derogar esa limitación temporal a la instrucción de sumarios. Pese a constar de un único artículo, la iniciativa lleva año y medio acumulando prórrogas en los plazos para la presentación de enmiendas y suma ya un total de 52 ampliaciones.

Según han avanzado a Europa Press fuentes parlamentarias, la iniciativa del PSOE contará con el apoyo de Unidos Podemos, Ciudadanos y el grueso de los grupos minoritarios, con lo que tiene garantizada su aprobación.

SALVO INVESTIGACIONES "COMPLEJAS"

Junto con el plazo máximo de seis meses para la instrucción, ese artículo de la LECrim establece que antes de que éste expire, el instructor, a instancias del Ministerio Fiscal, podrá declarar "compleja" la investigación si por circunstancias sobrevenidas no pudiera cerrarse en ese plazo. Si esto sucede, el plazo para la instrucción será de 18 meses, si bien el juez podrá prorrogar por otros 18, también a instancia del fiscal.

"Una justicia tardía no es justicia, pero de igual manera tener por objetivo primordial una justicia rápida, sin ponderar suficientemente los modos de llegar a ella, puede dar lugar a resultados igualmente injustos", argumentan los socialistas, que recuerdan críticas que suscitó en su momento la reforma auspiciada por el PP.

En su texto, recogido por Europa Press, el PSOE comparte la necesidad de fijar plazos máximos a la investigación penal para evitar "dilaciones indebidas", pero subraya que, "aunque la Justicia ha de ser rápida, también ha de garantizar la tutela penal de todas las víctimas".

Y es que, consideran que el polémico artículo adolece de una "tacha o defecto de origen", pues atribuye el control de la duración de la instrucción al Ministerio Fiscal, que no dirige la investigación, lo que "puede conllevar verdaderos espacios de impunidad".

Según recalcan, que el modelo judicial español "sigue anclado en el juez de instrucción de 1882", que es quien dirige la investigación penal, por lo que resulta "incongruente" que la ampliación de la duración de la instrucción para practicar nuevas diligencias y esclarecer hechos delictivos dependa de quien no es el encargado de esa investigación.

En este contexto, explican que los medios, recursos y herramientas con que cuenta el Ministerio Fiscal no son los apropiados para la compleja tarea del control de los plazos de instrucción. Por ejemplo, señalan que los fiscales deben acudir físicamente a las oficinas judiciales buscar los expedientes y comprobar el estado de los procedimientos y los plazos de vencimiento porque juzgados y fiscalías carecen de sistemas informáticos de gestión procesal coordinados entre sí.

NO SE HA AGILIZADO LA JUSTICIA

"Esta situación genera un evidente riesgo de extravío de datos, con la consiguiente posibilidad de que alguna víctima no vea satisfecho su derecho constitucional a la tutela judicial efectiva", alertan.

Para los de Pedro Sánchez esta reforma, además de multiplicar el "riesgo de impunidad", ha provocado "importantes disfunciones en nuestra administración de Justicia y no ha contribuido a agilizar la Justicia penal, puesto que se ha mantenido la media de duración de las instrucciones judiciales y se ha incrementado notablemente el tiempo de espera para el enjuiciamiento.