El Congreso aprueba la reforma del aborto: estos son los cinco diputados del PP que rompen la disciplina de voto
Los díscolos han sido Antonio Gutiérrez, Lourdes Méndez, Javier Puente, Eva Durán y José Eugenio Azpiroz
- El PP temía que hasta una decena de diputados del partido rompieran la disciplina de voto
El Pleno del Congreso ha dado luz verde este jueves a la reforma parcial de la regulación del aborto que impondrá el consentimiento paterno a las chicas de 16 y 17 años, con un total de 184 votos a favor del Grupo Popular. Cinco diputados populares, no obstante, han roto la disciplina de voto.
El Partido Popular ha logrado finalmente reducir a cinco el número de diputados que ha roto la disciplina de voto, aunque la dirección esperaba incluso una decena, según explica El País. Los 'díscolos' han sido Antonio Gutiérrez, Lourdes Méndez, Javier Puente, Eva Durán y José Eugenio Azpiroz.
El PP consiguió convencer al diputado de UPN Carlos Salvador de que retirara la enmienda en la que pedía sustituir el sistema de plazos por uno de supuestos. Esto hubiera provocado más fugas en las filas del partido de Mariano Rajoy, según informa El País. Salvador retiró la enmienda y además renunció a su posición contraria al aborto con plazos al recibir el compromiso del Gobierno de incluir una partida en los Presupuestos para ayudar a las madres.
TRAMITACIÓN
Con esta votación en la que han sido rechazadas las enmiendas parciales presentadas por PSOE, Convergència, Izquierda Plural, UPyD, PNV, BNG y ERC, la proposición de Ley Orgánica para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo viaja al Senado en los mismos términos en los que se presentó en abril.
La intención del PP es que pueda completar allí su tramitación sin que se incorporen cambios, de forma que el texto no tenga que volver a ser refrendado en el Congreso de los Diputados y pueda estar listo para su publicación en el BOE a finales del mes de septiembre, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.
Se avanza así en el trámite de esta iniciativa que el Grupo Parlamentario Popular registró en el Congreso después de que el Gobierno retirase la reforma del aborto que había planteado el Ministerio de Justicia, un proyecto que proponía la instauración de un sistema de supuestos más restrictivo que el vigente desde 1980 y cuya desaparición implicó la salida de Alberto Ruiz Gallardón.
La modificación sólo toca las leyes de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo y la de Autonomía del Paciente para que el aborto vuelva a ser una de las tres excepciones en que una persona que ha cumplido 16 años de edad necesita el consentimiento de sus tutores legales, junto a la reproducción asistida y los ensayos clínicos. En caso de que la joven discrepe de sus tutores, tendrá que acudir a un juez para que medie en el conflicto.
CRÍTICAS
La forma escogida para impulsar la reforma ha sido cuestionada por los grupos parlamentarios y las ONG desde el principio, ya que al presentarla en forma de proposición de Ley Orgánica, no ha tenido que pasar el filtro de los órganos consultivos del Estado, encargados de informar las leyes.
Asimismo, el fondo de la cuestión ha recibido numerosas críticas: sus detractores aseguran que abocará a un aborto ilegal e inseguro a las chicas más vulnerables, aquellas que cumplen algunas de las causas tasadas en la ley para no informar a sus progenitores, como en caso de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones o desamparo.
Tampoco ha contentado a las asociaciones auto denominadas pro vida, que exigían al Gobierno el cumplimiento de sus compromisos electorales entendiendo que estos eran la derogación del sistema de plazos actual y la reinstauración del sistema de plazos que avaló el Tribunal Constitucional en una sentencia en 1985.
La misma premisa ha inspirado críticas dentro del propio Grupo Parlamentario Popular, donde cinco diputados han encabezado públicamente la disconformidad de un sector de los votantes para quienes reformar un aspecto tan puntual de la ley viene a avalar el resto de su contenido. El PP ha defendido que este es el único aspecto en el que hay consenso social suficiente y se remite a lo que tenga que decir el Tribunal Constitucional sobre el resto de cuestiones.
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