El Congreso examina la idoneidad de Dolores Delgado como fiscal general del Estado

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La comparecencia tendrá lugar apenas tres días después de la del titular del Justicia, Juan Carlos Campo, en la misma comisión parlamentaria. Los representantes de los distintos partidos podrán plantear preguntas a la candidata propuesta por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para el máximo cargo en el Ministerio Público, aunque no votarán expresamente su candidatura puesto que su opinión tampoco es vinculante.

Únicamente explicarán si la consideran o no ideónea para el cargo, por lo que no se aventura una sesión pacífica, dado el recelo que despertó la elección de Delgado, por el hecho inédito de que la candidata salte directamente del Ministerio de Justicia a la Fiscalía General.

A ello se suma la difusión de las grabaciones de una conversación que tuvo lugar en 2009 en un restaurante donde compartió mantel con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión provisional por el 'caso Tándem' que investiga la Audiencia Nacional.

El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal prevé este examen de idoneidad que tendrá lugar hoy, al igual que conseguir el visto bueno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El órgano de gobierno de los jueces analizó el pasado 16 de enero los requisitos formales para el nombramiento de Delgado como fiscal general, pero distó mucho de ser un mero trámite, ya que provocó la ruptura del órgano pues el aval sólo contó con 12 votos a favor y siete en contra.

ARGUMENTOS EN CONTRA EN EL CGPJ

Entre los argumentos de los discrepantes se encontraba el hecho de que hasta el momento de su designación fuera, no sólo ministra de Justicia, sino diputada por el PSOE, que la integró en sus listas por Madrid en los comicios del pasado mes de noviembre. Ello, a juicio de los que votaron en contra de otorgarle la idoneidad, pone en cuestión su imagen de imparcialidad respecto a determinadas causas jurídicas de trascendencia mediática y política.

Tras recibir el aval de la Cámara Baja, el expediente de Delgado volverá al Consejo de Ministros para formalizar el nombramiento. Una vez se cumpla este trámite la nueva fiscal general del Estado prestará ante el Rey el juramento o promesa que previene la ley y tomará posesión del cargo ante el Pleno del Tribunal Supremo.

Delgado nació en Madrid en 1962 y hasta su entrada en el Ejecutivo la pasada legislatura ejercía de fiscal coordinadora contra el yihadismo en la Audiencia Nacional. Ingresó en dicho órgano en 1993 y desde entonces su labor se centró en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo etarra y, posteriormente, yihadista, en el que se especializó tras los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.

Cuenta con experiencia en el Tribunal Penal Internacional, donde ejerció como fiscal a partir de 2011 y preparó la documentación de la orden de arresto contra el fallecido dictador libio Muamar Gadafi para juzgarle por crímenes contra la Humanidad. Criticó duramente los recortes y práctica desaparición de las causas de este tipo en la Audiencia Nacional a cuenta de las reformas del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero y del PP, si bien el Gobierno de Sánchez ha prometido revertir esta situación.

En cuanto a los precedentes hay que retrotraerse a la época de Javier Moscoso, designado fiscal general en 1986, nada más concluir la legislatura en la que fue ministro de la Presidencia, y cuya validación por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un trámite que en la práctica totalidad de ocasiones es automático, originó una agrio debate en el órgano de gobierno de los jueces. El CGPJ se dividió respaldando al candidato por 13 votos frente a 6 y uno en blanco, teniendo en cuenta que en ese momento no se requería el trámite para la obtención de la idoneidad en el Congreso.