Uno de los principales puntos es la derogación del factor de sostenibilidad
El Gobierno aprobó el pasado martes, en el Consejo de Ministros, el primer paquete de medidas que forman parte de la reforma de las pensiones. El objetivo del Ejecutivo es que el sistema sea sostenible y que los jubilados no pierdan poder adquisitivo. Se habla de varios conceptos que afectan directamente a la cuantía final que uno puede recibir si decide retirarse del mundo laboral.
El Ejecutivo, junto a los sindicatos y la patronal, ha diseñado una serie de regulaciones para reformular el sistema público de subsidios a la jubilación, que ahora llegará al Congreso, donde debe recibir el apoyo del resto de grupos políticos. De hecho, este cambio era uno de los compromisos que adquirió el Gobierno de Pedro Sánchez con Bruselas para optar a los fondos europeos para la recuperación.
"Se llama reforma, pero realmente es un recorte de las pensiones contributivas futuras mediante cambios paramétricos en un modelo que hace aguas y no es sostenible", afirma tajante Juan Carlos Higueras, analista económico y profesor de EAE Business School, en declaraciones a Bolsamanía. Explica que el paquete de medidas que cambiará el sistema de prestaciones se realizará en dos fases, siendo la segunda "la más dolorosa", y prevé que se negocie para que entre en vigor después de las próximas elecciones.
El anteproyecto, que tiene varios puntos muy comentados, destaca principalmente por la derogación de la reforma aprobada en 2013 y formulada por el Gobierno del Partido Popular, al frente del cual estaba Mariano Rajoy.
De esta forma, algunos de los puntos más polémicos quedarán suspendidos, como el factor de sostenibilidad. Este indicador, tan comentado, es una fórmula que añade la esperanza de vida al cálculo de la pensión, lo que suponía una cierta reducción en la cantidad a percibir por cada ciudadano.
En sustitución de éste entrará en vigor el factor de equidad intergeneracional, que se tiene que negociar con los agentes sociales y que debe hacer frente al gasto extra que supondrá la incorporación de la generación ‘baby boomer’ al sistema público de pensiones.
Higueras anticipa que, en el fondo, será muy parecido al anterior parámetro impulsado por el Gobierno de Rajoy que nunca ha llegado a entrar en vigor. "El nuevo mecanismo de equidad intergeneracional se va a apoyar en el mismo principio, a mayor esperanza de vida, menor cuantía en la pensión", argumenta.
Una de las medidas que forma parte del paquete que se ha mandado al Congreso es la subida de las pensiones conforme al IPC, pero del año anterior, actualizándose los subsidios cada 1 de enero y acabando, así, con la ‘paguilla’ de compensación por la inflación. Asimismo, también se añade una revisión cada cinco años para comprobar que los jubilados no han perdido poder adquisitivo.
Higueras cree que no es una medida problemática, "simplemente representa un incremento del gasto en pensiones que, si se ajusta al IPC junto con las cotizaciones sociales, el sistema debería autoalimentarse". El problema está, para el profesor de EAE Business School, en que "las cotizaciones son inferiores a las prestaciones" y, por tanto, serán necesarios "mecanismos alternativos" para financiarlas.
Sobre el objetivo de que los jubilados no pierdan poder adquisitivo, el analista cree que es "discutible" su efectividad, dado que se tendrá en cuenta la evolución de precios del año anterior y no la del final de año, "por lo que la subida será menor".
El proyecto de ley también contempla una serie de puntos por los cuales, cuanto antes se jubile una persona, mayores penalizaciones recibirá a través de los coeficientes reductores. Estos porcentajes se calculan en función del momento en el que uno decide retirarse de la vida laboral.
Estos coeficientes, que hasta ahora se calculaban por trimestres, ahora lo harán por meses, siendo, según el Gobierno, más favorable para la mayoría de personas. La principal diferencia con la ley anterior es que ahora ese porcentaje actuará en base a la pensión y no sobre la cotización.
Este extremo perjudicará, principalmente, a las pensiones más altas, según Higueras, puesto que quienes se retiran antes suelen ser quienes más cobran, por lo que "las cotizaciones que deja de percibir la Seguridad Social son importantes y a su vez la cuantía de pensión a pagar también".
Lo que persigue este punto de la reforma es reducir el gasto en pensiones en unos 35.000 millones anuales "y para ello es necesario frenar las jubilaciones anticipadas", dice el profesor.
Además, se premiará a quienes decidan aguantar en su puesto más allá de la edad legal para retirarse, pudiendo elevar su subsidio un 4% por cada año completo que se retrase o un pago único por el mismo importe. También se incluye la exoneración de cotizar por contingencias comunes si uno se encuentra en este caso.
"Creo que no será útil en la mayoría de los casos, sólo para aquellos que tengan cotizaciones bajas y, por tanto, bajas pensiones, como los autónomos o asalariados con pequeños sueldos y que necesiten hacer ese esfuerzo. También puede ser útil para algunos colectivos que pueden y quieren seguir trabajando más allá de la edad legal de jubilación, como pueden ser profesores universitarios, asesores empresariales, abogados o profesionales de servicios acostumbrados al teletrabajo", argumenta el analista.
Según los cálculos que aporta, el Estado puede llegar a ahorrarse 26.000 euros al año por cada trabajador que retrase su retiro, en caso de optar a la máxima pensión, y 12.000 euros en caso de la mínima, realizando la diferencia entre lo que debería pagarles, lo que recaudan en cotizaciones y el incentivo que les acabaría ingresando.
El anteproyecto también recoge la prohibición de que los convenios colectivos puedan obligar a los trabajadores a jubilarse antes de los 68 años, aunque se permitirá este factor en aquellas actividades donde las mujeres supongan menos de un 20% de la representación de los empleados y sea una la que lo sustituya.
No de forma directa, pero sí relacionado con esto, es el caso de los autónomos. El nuevo sistema de cotización por ingresos reales para los trabajadores por cuenta propia incluirá una norma intermedia en este sentido, por lo que también verán alterados sus subsidios.
Juan Carlos Higueras opina que la reforma de las pensiones no será suficiente, ni con el primer paquete de medidas ni con el segundo.
"Si únicamente se hacen ajustes paramétricos en un sistema público de reparto donde los ingresos dependen de las cotizaciones sociales, que a su vez dependen de la base de cotizantes en una pirámide poblacional que ya no es una pirámide y que se está invirtiendo, con un mercado laboral con altas tasas de paro estructural, alta precariedad y salarios bajos por la baja productividad, todo ello aderezado con que somos el segundo país del mundo con mayor longevidad, podemos afirmar que el sistema terminará cayendo como un castillo de naipes y que lo terminaremos pagando todos, ya sea con más impuestos, cotizaciones o jubilaciones más tardías y pensiones insuficientes", sostiene.
Hay dos puntos clave para el profesor de EAE Busines School, el paro juvenil, con tasas cercanas al 40% y que provoca que quienes entran al mercado laboral cerca de los 30 "tendrán que jubilarse como mínimo a los 69 años" para poder recibir una pensión; y los mayores de 50 años que no encuentran trabajo, "a los que se les va a computar los últimos 25 años, de los que unos 15 habrán cotizado", por lo que recibirán una retribución mínima.
"Nuestro sistema necesita una reforma estructural en profundidad y caminar hacia modelos mixtos similares a los de éxito en países de nuestro entorno, como Holanda y países nórdicos, incentivando el ahorro previsional de los jóvenes que se incorporan al mercado laboral y los sistemas privados de pensiones", concluye.