Hay once guardias civiles destinados a custodiar la residencia de la expresidenta madrileña
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha decidido eliminar el servicio de seguridad en la residencia personal de Esperanza Aguirre a partir del 1 de diciembre. En la actualidad, once agentes de la Guardia Civil vigilan la vivienda de Aguirre en el barrio madrileño de Malasaña en turnos de 24 horas.
Según informa El Confidencial, la Comunidad de Madrid no pagará más este servicio, al considerar que no se ajusta al convenio que firmaron el 1996 el entonces presidente regional Alberto Ruiz Gallardón y el Gobierno central. Este acuerdo asignaba un equipo de agentes de la Guardia Civil a la protección de edificios públicos dependientes del Gobierno regional, por lo que el nuevo Ejecutivo madrileño entiende que no deben destinarse a proteger la residencia de Esperanza Aguirre.
Los agentes que custodian el domicilio de Aguirre dependen de Interior, pero este servicio está financiado por la Comunidad de Madrid
En declaraciones a El Confidencial, un portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid ha explicado que “no se ha estado aplicando correctamente el convenio”, ya que no se está protegiendo un edificio público. Los agentes que custodian el domicilio de Aguirre dependen del Ministerio del Interior, pero este servicio está financiado por la Comunidad de Madrid.
Tras la retirada de la seguridad pública, Esperanza Aguirre tiene dos opciones: pagar su propia seguridad privada o pedir al Ministerio del Interior que analice su situación y le conceda una protección que en este caso estaría sufragada por el Gobierno Central.
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SEGURIDAD PARA IGNACIO GONZÁLEZ
El expresidente Ignacio González permitió que Aguirre siguiera disfrutando de seguridad pública en su vivienda personal. El portavoz del Gobierno y consejero de Presidencia y Justicia, Ángel Garrido, ha sido el encargado de comunicar esta decisión a Esperanza Aguirre.
La vivienda de Ignacio González está protegida por siete policías nacionales, que dejarán de prestar este servicio
González también se quedará si protección en su residencia tras la decisión de Cifuentes, informa El Confidencial. En este caso, su vivienda está protegida por siete policías nacionales, que también están pagados por la Comunidad de Madrid en virtud de otro convenio que permite que los agentes de la Policía Nacional presten protección a altos cargos regionales.
El pasado mes de octubre, la Comunidad de Madrid pidió una revisión de los riesgos de seguridad de Ignacio González al Ministerio del Interior y concluyó que este riesgo era bajo.
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