Bruselas insta de nuevo a España a renovar Consejo General del Poder Judicial
La autoridad comunitaria señala que es uno de los "retos" a los que "sigue enfrentándose" el país
La Comisión Europea (CE) ha publicado este martes su segundo informe sobre el Estado de Derecho en sus 27 Estados miembro, donde ha insistido al Gobierno de Pedro Sánchez que renueve a la cúpula del Consejo General del Poder Judial (CGPJ) y los órganos constitucionales españoles.
Casi un año después del primer aviso, Bruselas vuelve a insistir: la falta de renovación del CGPJ, por el bloqueo del PP, es un problema. La autoridad comunitaria ha señalado que es uno de los "retos" a los que "sigue enfrentándose" la Justicia española.
La urgencia por la reforma del comité de jueces y magistrados ha mantenido preocupada a la CE porque desde hace tiempo se encuentra en situación de interinidad, han explicado fuentes comunitarias. Aunque ha valorado positivamente que se retirase la propuesta del PSOE y Podemos para reformar el sistema de elección de los vocales porque, de salir adelante, hubiera "aumentado la percepción del CGPJ como vulnerable a la politización".
Bajo este contexto, la Comisión ha pedido establecer un sistema de elección del comité en el que puedan participar los propios magistrados. "Es importante que los estándares europeos sean tenidos en cuenta y que todas las partes afectadas sean consultadas", ha remarcado. Además, ha puntualizado que "las normas europeas establecen que al menos la mitad de los miembros del Consejo deben ser jueces elegidos por sus pares de todos los niveles del poder judicial".
Otro bloqueo en la jurisdicción española que preocupa a la CE es el del Defensor del Pueblo, pues, según han informado, "las negociaciones entre los partidos políticos para su nombramiento continúan, por lo que se ha mantenido en funciones 'ad interim' desde 2017, cuando expiró el mandato anterior".
Bruselas ha expuesto que "han aparecido elementos de preocupación relacionados con la competencia del Tribunal Supremo en relación con la responsabilidad penal de los altos cargos y el régimen de incompatibilidad de jueces y fiscales". También ha reconocido que "se han adoptado varias medidas destinadas a mejorar la calidad de la justicia, como las reformas del turno de oficio y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal así como tres borradores sobre procedimiento, organización y eficiencia digital. La digitalización de la justicia se encuentra progresando, y se mantienen esfuerzos para abordar los atrasos en el poder judicial, como la creación de nuevos tribunales, pero el bajo número de jueces por habitante es un problema".
