Artur Mas declara ante el TSJC: "El TC no nos advirtió de las consecuencias legales de no suspender el 9N"

Las directrices llegaban desde mi persona y el resto de miembros del gobierno siguieron mis directrices, lo que afecta al resto de acusados y también a Francesc Homs, que será juzgado por el Tribunal Supremo", ha asegurado Mas.

El exlíder catalán también ha señalado que "la iniciativa tenía raíces profundas, claras y democráticas". "No fe un capricho individual, ni una salida de tono, ni una ocurrencia. Fue la consecuencia de acuerdos parlamentarios, mandatos explícitos del Parlament de Cataluña y resultado de unas elecciones, las de 2012, que nadie impugnó", ha explicado Mas.

Artur Mas: la iniciativa política (del 9N) fue mía

IMPOSIBILIDAD DE PACTO CON EL ESTADO

Durante su declaración, ha señalado Mas que se intentó pactar la consulta con el Estado en varias ocasiones. "Intentamos negociar un referéndum pactado y el Parlament promovió una legislación propia en consultas no refrendarías, ya que entendimos que el referéndum era competencia del Estado".

"Hablé con el presidente del Gobierno en diversas ocasiones, pero no fue posible llegar a un acuerdo, No fue posible realizar la consulta de acuerdo con el Gobierno, aunque no tenía vínculos legales la consulta, sólo preguntar de manera genérica", ha proseguido Mas.

SUSPENSIÓN DEL TC

Mas también ha relatado que después de la suspensión del TC "entendimos que la administración no podría llevarla a cabo con garantías". "Ante esta constatación decidimos que se mantuviera fecha y pregunta, pero todo el sistema de garantías de organización se cambió de forma sustancial".

Sin embargo, ha señalado durante su declaración que "el mandato del TC era impreciso, mi deber era que la jornada se pudiera celebrar". Además, ha asegurado que el TC no los advirtió de las consecuencias legales de no suspender el 9N. "Siempre se nos ha dicho que la consulta no tendría consecuencias legales ni jurídicas". Además, ha indicado que el TC no dio ningún paso para hacer cumplir su sentencia".

DECLARACIONES DE ORTEGA Y RIGAU

A su turno, Joana Ortega e Irene Rigau se han negado también a responder las preguntas de la Fiscalía y la acusación. La exvicepresidenta ha señalado que "la fundamentación legal (del 9N) era diferente. El proceso participativo se apoyaba en una ley no suspendida". Ortega también ha asegurado que ni en los días previos ni posteriores del proceso participativo recibió ni requerimientos específicos ni notificaciones del TC. "Ni el Govern ni yo teníamos claros los efectos de la providencia del TC porque la ejecución estaba en manos de los voluntarios".

Ha defendido durante su interrogatorio que, cuando el TC suspendió la consulta sobre la independencia, su departamento había finalizado su labor y se dejó en manos de los voluntarios: "Ellos fueron el alma y quienes lo hicieron posible".

Irene Rigau, por su parte, ha asegurado compartir "absolutamente" lo declarado por Mas y Ortega. La exconsellera de Ensenyament ha centrado su declaración en el uso que se dio a los institutos públicos en la consulta y ha asegurado que "se informó del uso que se haría" de los centros educativos.

EL JUICIO

El proceso contra Mas, Ortega y Rigau se celebra el en Palau de Justicia de Cataluña entre el 6 y el 10 de febrero. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, es el ponente del tribunal. Los magistrados Carlos Ramos y Eduardo Rodríguez acompañarán en el tribunal a Barrientos, que preside el juicio y será el ponente de la sentencia, después de haberle tocado por turno, según explica el TSJC a Europa Press.

Los fiscales que han firmado las diligencias hasta la fecha -tras ordenar la Fiscalía General del Estado presentar la querella- han sido el fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada; el fiscal Francisco Bañeres y el fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled, que previsiblemente se encargará del los interrogatorios.

Mas, Ortega y Rigau están acusados de los delitos de desobediencia y prevaricación por supuestamente no hacer caso al Tribunal Constitucional (TC), que cinco días antes ordenó paralizar la consulta; los acusados defienden que dejaron el proceso participativo en manos de los voluntarios pero la Fiscalía considera que siguieron con su organización.