"No puede ser que muy pocos lo perdamos todo. Ayudar un poco es muy fácil", ha lamentado
El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, ha afirmado que el Estado "ya ha perdido a Cataluña" y que amenaza y reprime para evitar la celebración del referéndum de este 1 de octubre. Lo ha dicho en una entrevista en Rac1 este martes, en la que también han participado la exvicepresidencia Joana Ortega y los exconsellers Francesc Homs e Irene Rigau, los cuatro inhabilitados por la consulta del 9N y a los que el Tribunal de Cuentas les exige el pago de fianzas.
Mas ha afirmado que la decisión tiene como objetivo "destrozar a las personas y a sus familias" y se ha preguntado si España es un Estado de derecho o un Estado policial. Los cuatro se han reafirmado en su decisión de impulsar la consulta del 9N y han reiterado que lo volverían a hacer aún sabiendo las consecuencias que se han derivado y, en este sentido, Rigau ha pronosticado que las eventuales sentencias por el referéndum del 1-O serán similares a las del 9N.
HOMS: LA SENTENCIA UN DESPROPÓSITO
El exconseller de la Presidencia Francesc Homs ha considerado que la sentencia del Tribunal de Cuentas es "un despropósito" pero cree que existe margen para recurrirla a instancias europeas y conseguir una eventual anulación.
Así, ha afirmado que la sentencia es "ilegal" desde el punto de vista formal y ha añadido que está pisando sus derechos individuales.
CAJA DE SOLIDARIDAD
Han emplazado a la sociedad catalana a seguir realizando aportaciones a la caja de solidaridad habilitada por las entidades soberanistas para poder hacer frente a las multas derivadas por la organización tanto de la consulta del 9N como a las eventuales sanciones que se deriven del referéndum del 1 de octubre.
Mas ha reconocido que sin éstas aportaciones no podrán hacer frente a la multa del Tribunal de Cuentas pero ha apuntado que las aportaciones también deberán servir para "las consecuencias del 1-O".
Este lunes, las entidades soberanistas, ANC y Òmnium, informaron que han recaudado cerca de dos millones de euros para su Caja de Solidaridad, que debe servir para sufragar las acciones del Estado contra el independentismo que conlleven penas económicas.
EL TRIBUNAL DE CUENTAS DEFIENDE SU INDEPENDENCIA
El Tribunal de Cuentas ha querido salir al paso de "acusaciones infundadas" criticando la imposición de una fianza de más de cinco millones al expresidente catalán Artur Mas por abonar gastos de la consulta del 9 de noviembre de 2014 y ha subrayado la independencia de sus actuaciones, recordando que todas sus acciones están sometidas al ordenamiento jurídico.
En un comunicado hecho público este martes, la institución que preside Ramón Álvarez de Miranda recuerda que sus consejeros son designados por las Cortes Generales (seis en el Congreso y seis en el Senado) por una mayoría de tres quintos en cada cámara (en el Congreso son 210 votos, lo que exige el apoyo de más de un partido), y que deben tener "unos requisitos de capacitación y experiencia" y han de contar con "el reconocimiento de un estatus jurídico que garantizan su independencia en el ejercicio de sus funciones".
"El Tribunal de Cuentas y sus miembros, como se ha puesto de manifiesto reiteradamente, ejercen sus funciones, fiscalizadora y jurisdiccional, con absoluta independencia y pleno sometimiento al ordenamiento jurídico", remarca la institución.
Y en concreto recalca que la función de enjuiciamiento contable, similar al de la justicia ordinaria, "tiene una naturaleza jurisdiccional que garantiza la independencia de los órganos a los que corresponde exigir la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de fondos públicos y hayan dado lugar a su menoscabo", y eso implica, cumplir "los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico".
EL ESTADO RECUERDA A MAS QUE DEBE ASUMIR EL PAGO
Por otra parte, El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, ha advertido este martes al expresidente de la Generalitat Artur Mas de que "no puede desentenderse" de su responsabilidad, después de que el Tribunal de Cuentas le haya impuesto una fianza de 5,25 millones por la consulta del 9 de noviembre de 2014.
"Uno no puede desentenderse de sus responsabilidades. Lo hemos dicho desde el primer momento, en este referéndum ni un euro de todos los catalanes va a ir a pagar algo ilegal", ha señalado Méndez de Vigo en una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press.
El ministro ha subrayado que si ante el referéndum del 1 de octubre se comete una ilegalidad, "serán los responsables los que tengan que cubrir con ello". "Si hacen algo ilegal, serán los responsables los que tengan que cubrir con ello, es algo absolutamente normal", ha apostillado.