Análisis | El PSOE se queda en una absurda e incómoda posición
- Si no facilita la gobernabilidad, el voto de castigo podría ser muy destructivo para la formación
Susana Díaz dijo ayer a la salida del comité federal que ella no habla de “cuestiones orgánicas” del partido, ya que sólo le interesan los asuntos que preocupan a los españoles.
Si el PSOE no facilita la gobernabilidad, habrá que regresar a las urnas… Y en este caso, todo indica que el voto de castigo al PSOE podría ser muy destructivo para esta formación.
No es la primera vez que utiliza este argumento –está registrado, por ejemplo, que dijo la misma expresión en rueda de prensa para referirse a la dimisión de Rubalcaba de la secretaría general del partido en mayo de 2014-, pero este supuesto desprendimiento casa mal con sus inclinaciones conspirativas y, más en concreto, con su insistencia en que el congreso federal del PSOE tuviese lugar en febrero, contra la opinión del secretario general, Pedro Sánchez, quien quiere posponerlo razonablemente hasta la primavera para que no coincida con el proceso de formación de próximo gobierno de España. En este asunto, será muy difícil convencer la opinión pública de que las prisas obedecen al interés general; más bien parece que el sillón de Pedro Sánchez tienen otros novios/as, y que la impaciencia corroe a los/las aspirantes. De cualquier modo, el congreso ya no será en febrero puesto que debe ser convocado, con al menos 60 días de antelación, por el comité federal, y aunque este se celebrara en enero, el congreso tendría que esperar a marzo.
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Ante esta maniobra indecorosa, que pretendía en realidad cambiar a Pedro Sánchez antes de las nuevas elecciones generales si hubiera que repetirlas por la imposibilidad de formar gobierno en el plazo constitucionalmente estipulado, el secretario general, que fue elegido en primarias por la militancia –la militancia puede o no obedecer a sus líderes autonómicos en estas lides-, se ha resistido y ha confrontado a sus conmilitones con sus respectivas responsabilidades. Pero el cónclave de ayer –el comité federal es el máximo órgano entre congresos- ha dejado al partido en una absurda e incómoda posición.
Por una parte, Sánchez se ha adelantado a la cúpula de su partido al anunciar que en ningún caso respaldará a Rajoy ni al PP, por acción o por omisión, para que la fuerza que ganó el 20D pueda formar gobierno. Por otra parte, el comité aprobó casi por unanimidad una resolución, asumida por la ejecutiva, en la que se asegura que el partido no negociará con fuerzas que “defiendan la autodeterminación, el separatismo y las consultas que buscan el enfrentamiento”, con lo que se cercena cualquier acercamiento a Podemos. Como se recordará, Pablo Iglesias anunció poco después del recuento electoral que su condición sine qua non para cualquier pacto es el respaldo a un referéndum en Cataluña. Referéndum que no ha sido descrito, por cierto, por los politólogos de Podemos, como si fuera lo mismo un referéndum de autodeterminación como el que proponen los nacionalistas que un referéndum consultivo pactado con el Gobierno y ajustado al art. 92 de la Constitución, como en un cierto momento apoyó el PSC. No deja de ser curioso, en todo caso, que a favor de la anatema contra Podemos hayan estado ‘barones’ territoriales del PSOE que gobiernan en su comunidad autónoma gracias a Podemos, como es el caso de García-Page en Castilla-La Mancha.
Si Pedro Sánchez se mantiene firme en su actitud ante el PP y acepta la imposición del comité federal sobre Podemos, no hace falta seguir hablando de un nuevo gobierno: en virtud de la matemática electoral, si el PSOE no facilita la gobernabilidad, habrá que regresar a las urnas… Y en este caso, todo indica que el voto de castigo al PSOE podría ser muy destructivo para esta formación.
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UN EXOTISMO...
La negativa del PSOE a facilitar la gobernabilidad es, en cualquier caso, muy difícil de entender y todavía más difícil de explicar. De los 28 países de la Unión Europea, en 24 gobiernan coaliciones de dos o más partidos. Y la socialdemocracia gobierna a veces con la mayor naturalidad en coalición con el centro derecha–en Alemania y en Austria, por ejemplo- y a veces con los socialistas y/o los populistas, como en Portugal. Que aquí el PSOE sea incapaz de aproximarse a cualquiera de sus vecinos en el arco ideológico es, como mínimo, un exotismo.
Esta rareza se modula con una particularidad que la vuelve todavía más incomprensible: el PSOE fue a las elecciones con una propuesta de reforma constitucional que requeriría gran consenso. ¿No sería lógico que, tras las elecciones, propugnase un gran pacto para proceder a esta reforma, y a los demás cambios que también requiere la modernización de este país? Todo sugiere un gobierno de concentración con la agenda marcada –reformas constitucional y de la ley electoral, pacto educativo, etc.- y por un tiempo tasado -18 o 24 meses-, que sea obligado a convocar elecciones al terminar esta tarea de regeneración.
Antonio Papell
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