Análisis | Ciudadanos, contra la corrupción y por su supervivencia

El papel de ciudadanos: la lucha contra la corrupción

El presidente murciano Pedro Antonio Sánchez ha dimitido de la presidencia de la Región de Murcia, no para honrar su palabra ni para salvar patrióticamente a su región murciana, como ha osado decir en un rapto delirante, sino después de que el PP, a instancias de Ciudadanos, decidiese retirarle el apoyo, tras la petición de la Audiencia Nacional de que sea imputado por fraude, cohecho y revelación de secretos por su implicación en el caso Púnica. Ciudadanos ya había organizado sin más contemplaciones una moción de censura para descabalgar al personaje.

En este caso, el juez Eloy Velasco, que se ha desmarcado sorprendentemente de la acusación pública (dos fiscales de la operación Púnica propusieron investigar a Sánchez pero el fiscal del Estado discrepó escandalosamente), reconoce que el delito, que consistiría en un concierto entre Sánchez y un experto en reputación en Internet que sería pagado con dinero público, no llegó a cometerse después de apalabrado, si bien la jurisprudencia –afirma el juez- sostiene, igual que el sentido común, que la intención basta para que se considere cometido el delito de corrupción. Sea como sea, Sánchez se mantendrá por ahora al frente del PP murciano y mantiene su acta como diputado y, por tanto, el privilegio del aforamiento. De esta manera, las causas que tiene abiertas seguirán siendo investigadas en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

Ciudadanos ha conseguido ganarse un significativo lugar bajo el sol, que sin embargo debe conservar con inteligencia y esfuerzo

La propuesta de Ciudadanos consistía en descabalgar mediante la moción a Sánchez y otorgar, con los votos de Podemos, la presidencia instrumental al candidato socialista, Rafael González Tovar, quien debía comprometerse a convocar inmediatamente elecciones. El PSOE proponía reformar rápidamente el Estatuto antes de convocar elecciones para que el siguiente periodo legislativo fuera de todo un cuatrienio, y no durase sólo hasta las siguientes elecciones de 2019. En cualquier caso, el saneamiento de la institución estaba en marcha, ante una pasividad de Génova difícilmente inteligible, que ha lanzado un mensaje muy preocupante.

La supervivencia de Ciudadanos: la reforma de la ley electoral

Ciudadanos, que ha tenido que realizar un esfuerzo sobrehumano para conseguir una presencia relevante en el Parlamento, es consciente de que su continuidad tranquila en las grandes instituciones depende en buena medida de que consiga reformar la vigente ley electoral.

Por tal motivo, una de las precondiciones innegociables que Ciudadanos impuso al Partido Popular para plantearse su apoyo a la investidura de Rajoy fue la reforma de la ley electoral vigente desde 1977 con el fin de hacerla más proporcional. Y la medida número 97 de las 150 acordadas más tarde comprometía a las partes a “impulsar, en el marco del Pacto de Estado por la Regeneración y la Calidad de la Democracia, una reforma del régimen electoral que aborde, desde el consenso parlamentario, entre otras cuestiones, la mejora de la proporcionalidad, la elección directa de los alcaldes, el desbloqueo de las listas electorales, la implantación de sistemas electrónicos en la votación, la mejora de los procedimientos del ejercicio del derecho al voto de los ciudadanos residentes en el extranjero, la reducción de la duración de las campañas y los límites de los gastos electorales. El Partido Popular se reserva la posibilidad de presentar iniciativas que permitan garantizar el Gobierno de la fuerza más votada”.

Como consecuencia de aquel acuerdo, el 30 de marzo pasado, a instancias de Ciudadanos pero también del PSOE, el Congreso de los Diputados aprobaba la creación de una subcomisión para la reforma de la ley orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), con un temario abierto que recogía la declarada intención de mejorar la proporcionalidad del actual sistema. La subcomisión emitirá un dictamen que será elevado a la Comisión Constitucional, que es la que podrá impulsar o no las reformas sugeridas por la instancia inferior.

La reforma de la ley electoral es un tema recurrente que asoma de tanto en cuanto y que es vital para las ‘bisagras’. Para entender hasta qué punto Ciudadanos necesita el cambio, basta constatar que en las últimas elecciones generales de 2016 cada diputado del PP requirió 57.963 votos, en tanto Ciudadanos necesitó 98.156 votos para cada escaño (64.047 votos necesitó el PSOE). Podemos, que se presentó fraccionado, está en situación parecida a Ciudadanos pero no protesta porque pretende el ‘sorpasso’, como es conocido (otra cosa es que lo logre alguna vez).

Pero el argumento tiene su envés: el mismo afán que experimenta Ciudadanos por lograr un incremento de la proporcionalidad lo tienen PP y PSOE por no consentirlo. Así las cosas, no es imaginable que prospere una propuesta de cambio de la ley de d’Hondt por otra fórmula más proporcional. Si se quiere una reforma con ciertas posibilidades de éxito habría que proponer un sistema totalmente nuevo, que resultara más perfecto y enriquecedor.

Por ejemplo, el sistema alemán, en que 299 escaños de la cámara baja son cubiertos por el sistema mayoritario y otros 299 por el sistema proporcional. La fórmula ofrece un dibujo muy realista de un país complejo, y es mucho más sutil y expresiva que la que manejamos aquí, cargada de defectos. Pero tampoco será fácil generar un consenso en su favor.

Antonio Papell