El ministro Escrivá considera que se trata de un producto "muy caro" que no cumple su objetivo
El Gobierno quiere revisar la fiscalidad de los planes de pensiones, ya que considera que se trata de un producto caro que no cumple con el objetivo de generar un aumento de ahorro neto. La decisión se hará palpable en los próximos Presupuestos, pero es posible que los planes individuales se queden sin bonificaciones fiscales.
Así lo estaría analizando el Ministerio de Hacienda, a instancias de la Seguridad Social y de la AIReF. Esta semana, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, aseguraba que debe mejorarse la fiscalidad de los planes de pensiones privados, vinculándolos mucho más a la negociación colectiva. Este jueves, Escrivá explicaba en una entrevista al medio digital 65Ymás que los planes de pensiones son un producto "muy caro" porque las comisiones medias están en el 1,5%.
Además, citando a los estudios llevados a cabo por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), señala que el beneficio fiscal está mal diseñado puesto que es regresivo. "Quienes terminan haciendo uso de esta desgravación son casi todos perceptores de rentas medias y altas, y cruzando los datos con el Impuesto sobre el Patrimonio vemos que no son precisamente quienes necesitarían tener una pensión complementaria de una forma más perentoria".
Escrivá añade que la AIREF ha comprobado que no incentiva el ahorro a largo plazo, sino que simplemente cambia una modalidad de ahorro por otra. Y esto no genera un aumento de ahorro neto, que es el objetivo de la desgravación fiscal. "Por lo tanto, no está funcionando bien", afirma.
Según han confirmado a Europa Press, en concreto, el equipo negociador de los nuevos Presupuestos, cuyo proyecto presentará el Gobierno en las próximas semanas, estudia eliminar o reducir las ventajas fiscales de las aportaciones a planes de pensiones, teniendo como base las recomendaciones realizadas por la AIReF.
Este beneficio fiscal a los planes de pensiones supone un coste fiscal de 1.643 millones de euros (450 millones si se tiene en cuenta el diferimiento fiscal) y tiene un carácter regresivo desde el punto de vista de la desigualdad al focalizarse en rentas altas, según señala la AIReF sobre este beneficio fiscal, cuyo objetivo es estimular el ahorro previsional a largo plazo como complemento al sistema público de pensiones.