A España le corresponden unos 60.000 millones de euros en subsidios
Las instituciones de la Unión Europea han alcanzado en la madrugada de este viernes un acuerdo sobre el reglamento que regirá el funcionamiento del programa más importante del fondo europeo de recuperación y que establece las condiciones para acceder a los 672.500 millones de euros que repartirá entre transferencias y préstamos a todos los países del bloque.
A España le corresponden unos 60.000 millones en subsidios del Instrumento para la Recuperación y la Resiliencia (RRF, por sus siglas en inglés), pero sus ayudas no comenzarán a llegar hasta la segunda mitad del año, según calculan las autoridades comunitarias.
Cada país tendrá que elaborar su plan con las reformas e inversiones que financiará a través de estas ayudas y un calendario preciso sobre la implementación de cada una. Podrán enviarlo a Bruselas hasta de 2021 y tendrá que ser evaluado por la Comisión Europea y aprobado después por el resto de Estados miembros.
Los detalles de este examen era uno de los puntos que más dividía a los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE (que representa a los Estados miembros), puesto que los segundos exigían que los fondos del plan anticrisis tuviesen una fuerte vinculación con las recomendaciones específicas para cada país que Bruselas publica todos los años.
Finalmente, el texto estipula que los planes nacionales tendrán que estar diseñados para atajar "todas o un conjunto significativo" de estas recomendaciones, según han confirmado fuentes comunitarias, en línea con lo que reclamaban las capitales europeas.
Las recomendaciones para España en 2019, las últimas antes de la pandemia, apremiaban al Gobierno a garantizar sostenibilidad del sistema de pensiones y a emprender una reforma laboral para facilitar los contratos indefinidos.
También pedían resolver las deficiencias en el sistema nacional de ayuda a los parados, reducir el abandono escolar, mejorar la eficiencia energética y las infraestructuras ferroviarias para el transporte de mercancías, ampliar las interconexiones energéticas o avanzar en la aplicación de la ley de unidad de mercado.
Por otro lado, el texto final del RRF mantiene abierta la puerta a una suspensión de los fondos del plan 'anticovid' si se incumplen los objetivos de reducción de déficit y deuda. El Parlamento Europeo quería eliminar este artículo pero finalmente se podrán bloquear ayudas hasta un máximo equivalente al 0,25% del PIB, según ha explicado el eurodiputado de Catalunya en Comú Ernest Urtasun. En el caso de España esta cifra ascendería a 3.100 millones.
No obstante, para que esta norma sea efectiva primero deben reactivarse las reglas fiscales comunitarias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que ahora está suspendido para que los Estados miembros puedan incrementar el gasto público en respuesta a la crisis y lo seguirá estando al menos en 2021.
Por otro lado, la Eurocámara ha logrado elevar del 10% al 13% el anticipo que los países recibirán una vez hayan conseguido que la UE apruebe sus planes de reformas e inversiones. En el caso de España, esto quiere decir que recibirá unos 8.300 millones de euros (antes 6.400 millones) por la parte de transferencias, y un 10% del préstamos que solicite si decide hacerlo.
Más allá del anticipo, los países irán recibiendo ayudas a medida que avanzan en la aplicación de las reformas e inversiones que se han comprometido a implementar y que estarán recogidas en el plan de recuperación definitivo.
Otro aspecto importante del reglamento es que establece el objetivo de que el 37% de los fondos se destinen a reformas e inversiones que persigan objetivos climáticos. De hecho, las ayudas se destinarán únicamente a proyectos que no dañen el medio ambiente.
Además, los Estados miembros tendrán que proponer reformas e inversiones que impulsen la transición digital en sus planes de recuperación. Estas medidas tendrán que ser equivalentes como mínimo a un 20% del total.