Se recrudece la guerra entre Gobierno y eléctricas: nuevo modelo de fijación de precios, el viernes
Las compañías amenazan con llevar al Ejecutivo a los tribunales y se defienden culpándole
A vueltas con quién pagará el déficit de tarifa de 2013, que finalmente no sólo no será de cero sino que ascenderá a 3.600 millones de euros, el enfrentamiento entre las eléctricas y el Ejecutivo de Mariano Rajoy no para de recrudecerse. Las primeras piden que se titulice, pero el Gobierno no garantiza nada (de hecho, considera que es “difícil” que se haga), y este desencuentro se suma al descontento por la reforma energética (que no gusta a nadie) y, desde el viernes, debemos añadir también al cruce de acusaciones por el resultado de la última subasta energética.
Anulada por Competencia, porque en ella “concurrieron circunstancias atípicas” (“indicios de manipulación", según Industria), su resultado arrojó una subida de la luz superior al 10% a partir de enero. Subida que se sumaría al aumento adicional de entorno al 1% de la parte de la tarifa que depende de la decisión del Gobierno. En total, el “bolsillo” del consumidor empezaría el año haciendo frente a un incremento cercano al 11%. Ascenso que, según Soria, no se va a producir “en ningún caso”.
Por su parte, las eléctricas, mediante comunicado de su patronal, UNESA, exigen “que se clarifique urgentemente y con la mayor transparencia y rapidez el resultado del informe de la CNMC sobre el análisis de la subasta. Además, que se publiquen los nombres de los participantes en la misma y las condiciones en que se llevó a cabo, ya que se están creando graves perjuicios de reputación y económicos a unas empresas que realizan una actividad vital para el país y que emplean alrededor de 180.000 personas. Las compañías eléctricas manifiestan también su absoluto rechazo a las graves alusiones lanzadas por el ministro de Industria, Jose Manuel Soria” con las que “parece querer sugerir que las empresas eléctricas han perturbado el normal funcionamiento de una subasta en la que ellas no suponen más allá del 10% de la oferta total, pues el grueso de las operaciones las realizan entidades financieras y traders extranjeros de energía”.
Y concluyen: “Lo que realmente ha puesto de manifiesto esta subasta es el fracaso de la reforma emprendida por el ministro; una Reforma que, por no afrontar los auténticos problemas que generan el déficit tarifario y la evolución de los precios, está conduciendo al sistema eléctrico español a una situación insostenible, en la que casi la mitad de lo que pagan los consumidores a través de su tarifa sirve para costear los errores políticos de las Administraciones y no para cubrir los costes del suministro eléctrico. La reforma carga los errores de la política energética sobre empresas eléctricas y consumidores que han hecho un esfuerzo multimillonario para financiar una Reforma que ha fracasado el mismo día en el que fue aprobada. Esto sí que es motivo de preocupación en las sedes de las empresas eléctricas”.
De hecho, según recoge El Economista, su presidente, Eduardo Montes, ha señalado que están analizando llevar al Gobierno ante la Justicia por el nuevo “agujero” eléctrico: “Se está analizando y, si no se tituliza el déficit con todas las garantías y sin merma alguna para las empresas, tenemos el deber de recurrir”.
La primera lectura que el viernes hacían a todo esto desde ACF es “que, de nuevo aumenta el riesgo regulatorio en el sector que puede sufrir de nuevo un cambio de las reglas del juego en mitad de la partida”. En este sentido, recordemos las palabras de los expertos de Renta 4 tras conocerse el déficit de tarifa a comienzos de diciembre: “Nos mantenemos fuera del sector eléctrico”, decían y, coincidían al señalar que se vuelve “a incrementar la incertidumbre regulatoria”.
A estas horas, Iberdrola sube un 0,11%, hasta los 4,5430 euros.
S.C.