El consejo de ministros transpone la directiva europea sobre los requisitos de transparencia
El Ministerio de Economía y Competitividad de Luis de Guindos va poco a poco haciendo los deberes. Entre ellos, directivas europeas que estaban pendientes de transponer como la relativa a los requisitos de transparencia e información de los emisores cuyos valores se negocien en un mercado regulado. Es decir, las participaciones significativas y los derechos de voto asociados.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tendrá la capacidad, por lo tanto, de castigar con la suspensión de los derechos de voto cuando no se cumplan las obligaciones de información que, desde hace una década, están reguladas en el decreto-ley 1962-2007 que desarrolla la Ley 24/1988 del Mercado de Valores en relación a los requisitos de transparencia por la transmisión de valores.
El accionista que compre o transmita acciones que negocian en la bolsa española o en un mercado regulado de la Unión Europea, y si estos títulos tienen derechos de voto atribuidos, deberá notificarlo tanto al emisor como a la CNMV. Las notificaciones deberán producirse cada vez que una participación alcance, supere o se reduzca por debajo de los umbrales del 3%, 5% y, desde este nivel, cinco puntos porcentuales hasta el 50%. A partir de este porcentaje, serán el 60%, 70%, 75%, 80% y 90%.
"La modificación introduce la potestad de la CNMV de suspender el ejercicio de los derechos de voto asociados a los instrumentos financieros que se hayan adquirido sin cumplir con las correspondientes obligaciones de comunicación", explica el Gobierno tras la transposición de la directiva europea mediante un decreto ley en el Consejo de Ministros que ha presentado Íñigo Méndez de Vigo, ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Ejecutivo.
Así, la directiva hace referencia a los requisitos de transparencia relativos a la información "sobre los emisores cuyos valores se admiten a negociación en un mercado regulado". Es decir, la información exigida para las participaciones significativas en las empresas cotizadas que entra en vigor cuando se pasa del 3% del capital de una empresa. El regulador presidido por Sebastián Albella, por lo tanto, podrá retirar el derecho de voto cuando esto no se cumpla.
El plazo para realizar la notificación, en general, es de cuatro días hábiles bursátiles después de la fecha en que el inversor haya traspasado alguno de los umbrales determinados. Hay algunas excepciones, por ejemplo no se suman las participaciones a estos efectos de una empresa matriz y una gestora de fondos del grupo, a no ser que sea la propia compañía la que agrupe sus participaciones para ejercer los derechos de voto conjuntamente.
Un ejemplo reciente de incumplimiento fue el de Jaime Botín en Bankinter, que incluso fue sancionado con una multa de 500.000 euros por mantener oculta durante años una participación accionarial en el banco del 8%, que se sumaba al 16% que sí tenía declarado.
ENTRE CATALUÑA Y LAS CLÁUSULAS SUELO
El Consejo de Ministros ha estado marcado por la presentación de la Comisión de Seguimiento de las cláusulas suelo ante el incumplimiento de algunos bancos afectados del decreto ley sobre la devolución de lo cobrado de más. Este organismo se encargará de "recabar y evaluar la información que le traslade el Banco de España obtenida de las entidades de crédito", señala el Gobierno. La comisión "publicará cada seis meses un informe en el que se evaluará el grado de cumplimiento del mecanismo extrajudicial de reclamación", añade.
Más allá de las declaraciones de Méndez de Vigo sobre la relación entre Moncloa y la Generalitat, otro punto importante ha sido la adaptación a la normativa comunitaria de la regulación sobre sistemas de pagos y de liquidación de valores. El objetivo, explica el Ejecutivo, es permitir la adaptación de Iberclear, que es la plataforma española de pagos y liquidación de valores de Bolsas y Mercados Españoles (BME) -operador de los mercados de valores-, a la plataforma panaeuropea Target2-Securities. Iberclear formará parte de esta plataforma desde septiembre, lo que reforzará "la protección de las garantías otorgadas en las operaciones de compensación y liquidación de valores", indica el Gobierno.