Economía/Finanzas.- (AMP) La Fiscalía asegura que en Bankia hubo una estrategia interna para obstaculizar al auditor

La fiscal Carmen Launa ha continuado exponiendo los motivos por los que ha añadido a su acusación en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia el delito de falsedad contable, centrándose este martes en las cuentas del ejercicio 2011 formuladas en marzo de 2012 y que fueron objeto de reformulación dos meses después. Estas cuentas fueron presentadas por el exinterventor general Sergio Durá ante los consejos de administración de BFA y Bankia y los miembros de sus comités de auditoría y cumplimiento.

Según Launa, Durá coordinó, junto con el director de auditoría interna Miguel Ángel Soria, la obstaculización de la labor de auditoría para retrasar la aportación de información requerida por el auditor externo Francisco Celma y dilatar así el afloramiento de unos deterioros latentes desde la constitución del Sistema Institucional de Protección (SIP) que dio lugar al grupo BFA-Bankia "que conocían perfectamente" para que no fueran objeto de registro en las cuentas formuladas en marzo de 2012.

Esto provocó que, tras la reformulación, que las pérdidas consolidadas de BFA en 2011 pasasen de 30 millones a 4.952 millones de euros, y que el beneficio de 309 millones de Bankia se convirtiese en pérdidas de 2.979 millones de euros.

La fiscal ha relatado que había una necesidad de provisiones a 31 de diciembre de 2011 de 1.484 millones de euros en Bankia y 700 millones en BFA. Durante su testimonio, el inspector José Antonio Delgado comentó que el interventor general reconoció durante una reunión que "habían detectado esta situación" y que además los inspectores del Banco de España les trasladaban en reuniones semanales que había un déficit de 2.000 millones de euros, por lo que "eran conocedores" y pedían que se reconociese parcialmente y a lo largo del tiempo, de manera fraccionada.

Finalmente, estos deterioros no fueron incluidos en las cuentas de 2011 formuladas en marzo de 2012, sino que se recogieron en la reformulación de mayo. "53.123 activos adjudicados de 294 participadas no se deterioran súbitamente en unos días de diciembre de 2011, los deterioros eran previos", ha sostenido la fiscal.

EL CAC TENÍA RECURSOS INTELECTUALES SUFICIENTES

Durante su exposición, Launa ha recordado que los miembros del comité de auditoría tienen la exigencia de contar con experiencia técnica en gestión de riesgos y que entre sus labores se encuentran la supervisión del proceso de elaboración de la información financiera de forma regulada, la revisión de las cuentas de sociedad, la garantía de cumplimiento de los requerimientos legales y las relaciones con la auditoría externa.

El socio auditor de Deloitte Francisco Celma, en una reunión celebrada el 18 de octubre de 2011, expuso al comité de auditoría y cumplimiento de BFA la necesidad de contar con la valoración de un experto independiente y de actualizar las tasaciones inmobiliarias y ajustarlas a las normas del Banco de España.

"Entendemos acreditado que los miembros del comité de auditoría y cumplimiento, en ese momento, tenían perfecto conocimiento de las actuaciones que tenían que ser realizadas en el marco de la auditoría sobre lo que se había puesto de manifiesto, que había problemas en la entidad que implicaban ajustes de deterioros de una importancia cuantitativa cuestionable", ha afirmado Launa, quien ha recordado que se trataba del comité de la cuarta entidad financiera de España, con lo que les asume "recursos intelectuales más que suficientes para comprender perfectamente las detalladas explicaciones que les fueron expuestas por el auditor".

Lo mismo se aplica al comité de auditoría y cumplimiento de Bankia, que se reunió al día siguiente y en el que cada miembro recibió una copia del trabajo que Celma había exhibido. A dos días de la reformulación de las cuentas de mayo, el auditor todavía no había recibido la información requerida en octubre.

Las cuentas formuladas en marzo de 2012 fueron firmadas por los consejeros, pero no se entregaron al auditor externo, como tampoco lo hizo la carta de manifestaciones, lo que impidió la emisión del informe de auditoría por parte de Deloitte.

"Por tanto, en la sesión del consejo del 28 de marzo de 2012, Rato, Norniella, Acebes, Bedía, Pellicer, García Fuster y Rojo procedieron a la formulación de cuentas individuales y consolidadas del grupo BFA de 2011 con el perfecto conocimiento de que las mismas no reflejaban la imagen fiel de la entidad, al no reflejar los importantes ajustes derivados de los activos fiscales y de las deficiencias en la valoración de activos inmobiliarios. Estas personas indujeron a error a los restantes consejeros al omitir aquella información", ha sentenciado la fiscal.

CARRERA DE OBSTÁCULOS

La fiscal considera que los numerosos correos que Celma o miembros de Deloitte dirigieron al interventor general, al director de auditoría interna y al presidente del comité de auditoría de Bankia entre diciembre de 2011 y abril de 2012 ponen de manifiesto la "carrera de obstáculos" a la que se enfrentó el auditor.

"Se omitía la entrega de tasaciones, se entregaban otro tipo de tasaciones, se omitía parte de la documentación", ha sostenido Carmen Launa, quien ha afirmado que Soria era el responsable de coordinar las peticiones de información interna por parte del auditor, siendo "una pieza fundamental" para entregar esta documentación, no solo por sus funciones sino procedía de Bancaja, "el germen de los deterioros del grupo inmobiliario".

De su lado, ha sentenciado que Durá era "perfecto conocedor" de los deterioros existentes y que "coordinó la obstaculización de la labor auditora desde la parte financiera, como responsable de la misma, con el fin de dilatar la información al auditor externo que habría provocado el afloramiento de todos los deterioros que se quería ocultar y que se arrastraban desde finales de 2010".

AMPLIACIÓN DE ACUSACIÓN

La Fiscalía Anticorrupción elevó el pasado mes de julio las penas que pedía inicialmente por delito de estafa a inversores y añadió el de falsedad contable por las cuentas de Bankia y BFA del ejercicio 2011, con lo que el número de personas a las que acusa se incrementó desde cuatro hasta quince.

Así, ha pedido finalmente una condena de ocho años y medio de prisión para el expresidente de Bankia Rodrigo Rato, de cinco años por estafa para el exvicepresidente José Luis Olivas, de seis años para el exconsejero de Bankia José Manuel Fernandez Norniella y de un año y medio para el exconsejero delegado Francisco Verdú Pons.

Además, la Fiscalía ha solicitado dos años de cárcel para Francisco Celm, dos años y medio para Ildefonso Sánchez Barcoj, dos años para Sergio Durá y dos años para Miguel Ángel Soria Navarro.

En cuanto a los miembros del comité de auditoría de Bankia y BFA, el Ministeterio Público ha solicitado condenas de un año de cárcel, sustituible por multa, para los exconsejeros Mercedes Rojo Izquierdo, Araceli Mora, Pedro Bedía, Remigio Pellicer y José Rafael García Fuster.

Respecto a los presidentes de dichos comités, al exministro del PP Ángel Acebes y Alberto Ibáñez, las penas que ha reclamado son de un año y medio de prisión cada uno, que alternativamente si se considera que el delito de falsedad contable fue en grado de tentativa podrían reducirse a nueve meses de cárcel.