BRUSELAS, 5 (EUROPA PRESS)
El Parlamento Europeo y los países de la Unión Europea han alcanzado este martes un acuerdo sobre las normas que buscan mejorar el marco regulador del mercado europeo de derivados extrabursátiles, reduciendo los costes y las "trabas regulatorias" de la actualidad sin "comprometer" la estabilidad financiera.
La reforma del reglamento sobre infraestructura del mercado europeo (EMIR) ha sido pactada de manera preliminar por los equipos negociadores de ambas instituciones, que ahora deben aprobar formalmente la normativa.
Este reglamento, adoptado en 2012 como respuesta a la crisis financiera, aborda los problemas detectados en el mercado de derivados extrabursátiles. La Comisión Europea propuso una reforma para simplificar dicha normativa para reducir los "desproporcionados" costes de conformidad y mejorar la transparencia y el "insuficiente" acceso de determinadas contrapartes a la compensación.
Así, el texto acordado introduce una nueva categoría, llamada 'pequeñas contrapartes financieras', que no tendrán la obligación de compensar sus operaciones a través de una entidad de contrapartida central (CCP, por sus siglas en inglés), aunque seguirán sujetas a las obligaciones de reducción del riesgo.
Además, prorroga otros dos años (e incluye la posibilidad de extender dos veces más durante un año) la exención temporal que tienen los sistemas de planes de pensiones sobre la obligación de compensación.
Por otro lado, el reglamento suprime la obligación de notificación retroactiva y la obligación de informar sobre operaciones intragrupo en las que participen contrapartes no financieras para "mejorar la calidad de los datos notificados y hacer más efectiva la supervisión", según ha informado el Consejo de la UE en un comunicado.
Finalmente, las nuevas normas eliminan obstáculos "innecesarios" para "crear incentivos y aumentar el acceso a la compensación". En concreto, prevé una obligación para agentes compensadores de prestar servicios "en condiciones comerciales justas, razonables, no discriminatorias y transparentes". Para ello, deben garantizar una "especial transparencia" en materia de tasas, así como disposiciones contractuales "imparciales y racionales".