Economía.- (AM) Torres (BBVA) sostiene que no supo de la contratación de Villarejo hasta 2018 tras estallar el escándalo

El presidente del BBVA, Carlos Torres, ha señalado este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Villarejo' que desconoció que el banco había contratado los servicios del comisario jubilado, principal imputado en la causa, hasta que el escándalo estalló en 2018, y ha defendido la colaboración total de la entidad con la justicia en este asunto.

Así lo explican fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, presentes en el interrogatorio de Torres --que se ha extendido por más de tres horas--, y añaden que él ha sostenido que tuvo conocimiento del problema en junio o julio de 2018.

Cabe recordar que en esta pieza separada 9 de la macrocausa 'Tándem', tanto BBVA como su expresidente Francisco González están imputados. Se investigan los servicios contratados por el banco a CENYT --empresa de Villarejo-- para distintos proyectos al menos entre 2004 y 2017 por lo que la entidad habría pagado al comisario más de diez millones de euros.

El juez, tras la petición de Fiscalía, decidió citar a Torres con el objetivo de conocer si funcionaron los mecanismos de control corporativo, a efectos de determinar "la existencia de una efectiva cultura de cumplimiento normativo, en aras a esclarecer su responsabilidad penal" --del banco--.

Y este lunes, el presidente ha indicado que, si bien cuando estalla el caso a mediados de 2018 se inició una investigación interna encargada al departamento de auditoría interna, desde enero de 2019 todo quedó en manos de investigadores independientes externos, los despachos Garrigues y Uría y la consultora PwC --que fue la encargada de realizar el 'forensic' sobre la actuación del banco en el caso--.

LA METODOLOGÍA DEL FORENSIC

Tal y como explica la entidad en su portal web las investigaciones electrónicas forenses --como la realizada en este caso-- parten de la aplicación de una serie de palabras clave ('keywords') a los dispositivos electrónicos de las personas que, de acuerdo con la información de que se dispone, se piense que hayan podido tener información de interés sobre los hechos, hayan tenido o no intervención en los mismos (los llamados custodios). Los dispositivos incluyen tanto los ordenadores u otros dispositivos que utilizaban los custodios como los datos disponibles en los servidores, tanto de correo electrónico como de ficheros.

Este lunes Torres ha aseverado que, de hecho, son estos investigadores externos, y nadie del banco, quien decide que su persona, como 'custodio' en la investigación, perdiera relevancia de manera que su nombre quedara fuera de la lista, si bien en un inicio fue incluido en la que realizó la propia entidad.

Además, fuentes jurídicas han aclarado que el presidente ha señalado que él no tuvo nada que ver, no participó y ni dio instrucción alguna sobre ese 'forensic', y que, de hecho, la metodología que se aplicó para el mismo fue la dictada por los investigadores externos.

Así, ha indicado que en enero de 2019, cuando el asunto pasa a manos externas, la entidad ya no tomaba decisiones, y eran los investigadores quienes decidían, y que por tanto los datos de sus dispositivos nunca se entraron en ese 'forensic'.

Estas mismas fuentes apuntan que desde un inicio del interrogatorio se ha querido dejar claro que Torres declaraba este lunes pero no como presidente sino como testigo de los hechos y, si bien ha sido preguntado por asuntos que se remontaban a 2008, a muchas de las preguntas no ha podido responder dado que no recordaba o no sabía. De hecho, ha enfatizado que no supo nada de las contrataciones con CENYT hasta que salió por la prensa.

Fuentes de la entidad consultadas por Europa Press apuntan que el presidente en su condición de testigo ha declarado "con total normalidad" contestando a las preguntas tanto del Ministerio Público como de las partes personadas en la causa.

LA REUNIÓN DE OCTUBRE DE 2018

La declaración de Torres fue acordada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, después de que la directora global jurídica de la entidad, María Jesús Arribas de Paz, se acogiera en julio a su derecho a no declarar a la Fiscalía, amparándose en su condición de abogada y en su obligación de guardar secreto profesional.

Señalaba el magistrado en su auto que dado que consta que la entidad aportó las actas del Comité de Assurance Corporative del BBVA --órgano designado responsable de mirar la responsabilidad penal de la persona jurídica-- "resulta evidente la necesidad de poder interrogar a Carlos Torres", presidente de ese comité y también presidente de la entidad, en calidad de testigo.

Ese comité era al que se reportaba sobre la investigación interna por el caso Villarejo, y este lunes Torres ha indicado que efectivamente en octubre de 2018 se celebró una reunión de ese comité para tratar el asunto. En esa reunión quien presentó resultados en un 'excel' fueron Arribas y el ex jefe de control interno de BBVA Eduardo Arbizu --imputado en la causa--.