Sànchez, Rull y Turull piden al TS su libertad para evitar "humillación" en los traslados durante el juicio del 'procés'

El expresidente de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) y los exconsejero de la Generalitat Jordi Turull y Josep Rull, acusados por el delito de rebelión por participar en el 'procés independentista de Cataluña, han solicitado al Tribunal Supremo que les ponga en libertad provisional para evitar sufrir nuevas conductas "humillantes" de los agentes policiales durante los traslados hasta la sede judicial, donde el próximo 12 de febrero comenzarán a ser juzgados.

Así lo ha solicitado el abogado de estos tres acusados, Jordi Pina, en un escrito que ha presentado este lunes para denunciar la "actuación abiertamente irregular" que mantuvieron "uno o varios agentes de la Guardia Civil" durante el traslado de estos tres diputados suspendidos el pasado viernes desde la prisión de Lledoners (Barcelona) hasta el centro penitenciario de Soto del Real (Madrid) para ponerles a disposición del alto tribunal.

Según indica, los medios de comunicación han recogido un vídeo difundido en las redes sociales donde se escuchan las "risas de mofa" de los agentes. "Es evidente que los agentes de policía no pueden captar imágenes --y menos con fines de burla y humillación-- de aquellas actuaciones en las que intervienen, ni en general realizar comportamientos de vejación para cualquier ciudadano", prosigue Pina.

Se da la circunstancia de que uno de estos agentes ha sido suspendido por grabar presuntamente dicho vídeo. La Asociación Profesional mayoritaria en la Guardia Civil (AUGC) mostró en un comunicado su apoyo a este guardia civil, algo que, además, ha sido criticado por la defensa de Rull, Turull y Sànchez.

CONDICIONES SIMILARES A LAS DE LOS "RECLUSOS DE ALTA PELIGROSIDAD"

Este hecho se suma a la forma en la que fueron trasladados en el furgón policial: "encerrados en compartimentos muy reducidos", condiciones "más propias de reclusos de alta peligrosidad que no de pacíficos parlamentarios que siempre han comparecido a los llamamientos judiciales", dice Pina.

Para el letrado, es un modo de conducción similar al de los otros traslados que se han llevado a cabo en marco de la causa por el 'procés' independentista, pues, según dice, los acusados que se encuentran en prisión preventiva han sido "objeto de tratamientos humillantes en el contexto de conducciones policiales".

En este sentido, recuerda que cuando se acordó el ingreso en prisión de los investigados, fueron "esposados en el interior de los furgones policiales sin disponer de cinturones de seguridad, recibiendo por ello diversos golpes a lo largo del trayecto".

Por todo ello, la defensa de los exconsejeros --que se enfrentan a penas de 16 años de prisión por rebelión y malversación-- y del expresidente de la ANC --al que la Fiscalía pide 17 años de cárcel por el prime delito-- solicita a los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, encargado de juzgarles, que se impongan medidas cautelares "menos gravosas" y "distintas de la prisión provisional" si no encuentran la forma de garantizar el "respeto a la dignidad de los acusados por parte de los cuerpos policiales" durante las "conducciones diarias por carretera" que van a tener lugar mientras el juicio se esté celebrando.

RECHAZO A LAS DECLARACIONES DE UNA SECRETARIA DE ESTADO

Asimismo, el letrado rechaza las manifestaciones realizadas por la secretaria de Estado responsable de la campaña de comunicación 'España Global' dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Irene Lozano, en una entrevista a la BBC el pasado 21 de diciembre, en la que aseguró que esta vista oral es un reto "para el sistema judicial español" porque "el hecho de que haya líderes políticos que hayan cometido delitos penales que estén siendo juzgados no es algo que ocurra habitualmente".

Ante estas declaraciones, la defensa solicita que la Sala de lo Penal requiera a Lozano "y a todas las autoridades y funcionarios públicos" responsables de esta campaña que se "abstengan en sus declaraciones de menoscabar el derecho a la presunción de inocencia" de los acusados, ya que aún no han sido juzgados.