La mujer de Villarejo se desmarca de sus proyectos y afirma que sólo desempeñaba en la empresa tareas de administrativa
MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
La mujer del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo, Gemma Alcalá, ha asegurado este jueves ante el juez y la Fiscalía Anticorrupción que ella, pese a constar como administradora en algunas empresas de su marido, sólo desempeñaba tareas de administrativa y no tuvo ni conocimiento ni relación con el proyecto 'Land' de espionaje entre miembros y afines de la familia García Cereceda.
Alcalá comparecía como investigada en esta pieza separada de la macrocausa para explicar que su firma apareciese en una serie de cheques relacionados con los pagos que la empresa constructora de la urbanización de lujo La Finca (Madrid) hizo a mercantiles del comisario a cambio del proyecto que habrían encargado Susana García-Cereceda, su socio Francisco Peñalver y su jefe de Seguridad, David Fernández.
Según ha explicado, como autorizada en la cuenta de la empresa pudo haber firmado cheques y otros documentos si era necesario, pero en ningún caso como partícipe en el encargo, la organización o la ejecución de este proyecto que arrancó en 2013, se desarrolló en tres fases a lo largo de un año y por el que Procisa pagó a las empresas de Villarejo y su socio Rafael Redondo 340.252 euros.
No obstante, consta en las actuaciones un contrato anterior fechado en 2012 y por importe de 21.830 euros con los que de acuerdo a los investigadores, las empresas de Villarejo debían informar sobre tres empresas con las que Procisa tenía un litigio y sobre la juez de Pozuelo que había de resolverlo.
Sobre este asunto se ha preguntado este jueves a Susana García-Cereceda y Francisco Peñalver, quienes en calidad de imputados han explicado ante el juez y la Fiscalía Anticorrupción que se trataba de conocer la situación financiera de las empresas contra las que estaban litigando. David Fernández, llamado también como investigado, finalmente no ha declarado.
En cuanto al encargo para espiar e intoxicar informativamente sobre el marido de la otra hija de Luis García-Cereceda, sobre su viuda Silvia Gómez-Cuétara y otras personas de su entorno, la administradora de Procisa y su socio principal han apuntado que el objetivo era preservar el capital de la empresa a la muerte del patriarca para evitar que se malograra por "malas influencias", de acuerdo a las fuentes consultadas.
También se ha tomado declaración este jueves al socio de Villarejo en esas mercantiles, Rafael Redondo, quien se ha desmarcado de la obtención de los datos privados de terceros de fuentes policiales que obraban en los informes por los que cobraron a Procisa. Ha dicho, además, que no supo que su socio era policía hasta que le ascendieron a comisario.