La defensa dice que el exconsejero andaluz Antonio Fernández "confió en el buen hacer" de los directores de Trabajo

Alfonso Martínez del Hoyo, letrado que ejerce la defensa del exconsejero de Empleo Antonio Fernández en el juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla contra 21 ex altos cargos de la Junta acusados de prevaricación y malversación por el procedimiento específico de concesión de las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha señalado que su cliente "confió en el buen hacer" de sus inferiores jerárquicos, los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, así como que "no conoció ni consintió posibles irregularidades o excesos" en la gestión del programa presupuestario 31L con el que se concedieron y pagaron las subvenciones otorgadas.

Durante la sesión de tarde de este martes, el abogado, que continúa con la lectura de su informe final, ha abordado la calificación jurídica de los hechos que se le imputan al exconsejero, acusado de delitos continuados de prevaricación y malversación y por los que se enfrenta a ocho años de prisión y 30 de inhabilitación.

Como ya hiciera la defensa del expresidente Manuel Chaves, el abogado de Fernández ha señalado que las modificaciones presupuestarias y los anteproyectos de ley y posteriores proyectos de ley aprobados por el Consejo de Gobierno son "actos políticos" y no administrativos.

Ha considerado que no cabe la acusación de prevaricación por haber "ideado" el procedimiento específico y haber firmado el convenio marco en 2001, siendo viceconsejero de Empleo y presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), con entonces consejero, José Antonio Viera.

El convenio marco, que "no es una resolución administrativa", recogía que IFA, posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), pagaría las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo con fondos del programa 31L que allegaría la Dirección General al ente público a través de transferencias de financiación.

Sobre las irregularidades en la gestión de la concesión de las ayudas apuntadas por las acusaciones, el abogado ha señalado que, en su caso, "son responsabilidades de la Dirección General de Trabajo", órgano competente para la concesión de las ayudas.

"Fernández nunca interfirió en la actuación de los directores generales", ha expresado, asegurando que es "obvio" que el sistema de concesión se caracterizaba por la "discrecionalidad" del director general dentro de una actuación "autónoma" de sus competencias.

Con respecto al déficit presupuestario causado por las obligaciones frente a terceros asumidas por la Dirección General de Trabajo por encima del crédito presupuestario del 31L, "ni conoció ni consintió" Fernández, ha asegurado.

De otro lado, ha rechazado, como dice la Fiscalía, que "nada o poco" cambió a la llegada de Márquez en 2008, pues se "mejoró el procedimiento de concesión, se eliminaron las transferencias de financiación o se cambio los convenios por resoluciones de pago", cambios que motivaron que la Audiencia excluyera de la causa al nuevo equipo de Empleo encabezado por Manuel Recio. "Méritos que atribuyen al nuevo equipo, pero que iniciaron Fernández y su equipo", según Martínez del Hoyo.

"¿DE QUÉ TIENE QUE DEFENDERSE?"

Respecto al delito de malversación, la defensa ha reconocido que, "tras la prueba practicada y la calificación definitiva del fiscal, esperaba que se aclarara el panorama, pero aún no sé qué actuaciones se le atribuyen a Fernández relacionadas con este delito y de qué tiene que defenderse".

El fiscal, según el letrado, apoya la acusación del conocimiento e intervención en la concesión de las ayudas en que Guerrero informó en los consejos de dirección de la Consejería sobre las ayudas y dijo que los consejeros y viceconsejeros conocieron los pagos cruzados, hechos "falsos".

La Fiscalía da "credibilidad" para elevarlas a prueba de cargo contra Fernández a declaraciones de Guerrero "sumariales y presumariales" que en el juicio no ratificó y que hay que excluir "de raíz" como prueba de cargo, además de apuntar la defensa una serie de contradicciones en las mismas.

Fernández "no dictó resoluciones que causaran eventuales sustracción de caudales públicos, que en su caso fueron firmadas por el director general de Trabajo; ni tenía a su cargo los caudales públicos del 31L, sino que era el director general quien decidía y concedías las ayudas".

"PUDO Y DEBIÓ EMITIRSE INFORME DE ACTUACIÓN"

De otro lado, Martínez del Hoyo, que continuará este miércoles con su informe final, ha abordado el adicional de Control Financiero Permanente de IFA/IDEA, elaborado por la Intervención General de la Junta correspondiente al ejercicio 2003 y conocido en 2005, en el que, tras el análisis de una veintena de expedientes de concesión de ayudas pedidos a la Dirección General de Trabajo, se señala, entre otras conclusiones, "el uso inadecuado de las transferencias, la falta de control previo de las ayudas o que la Dirección General de Trabajo concedió las subvenciones prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido".

En este sentido, ha indicado que Manuel Gómez "ha reconocido que el examen de los 20 expedientes fue un auténtico y genuino control de expedientes", emitiendo, tras este análisis, "un informe adicional con el mismo contenido y destinatarios --IFA/IDEA, Hacienda e Innovación-- del informe de actuación", más la Consejería de Empleo, pues IFA/IDEA desde 2004 pertenecía a la Consejería de Innovación.

Para el abogado defensor, la Intervención de la Junta emitió un informe --adicional-- que "cumplía con todos los requisitos del informe de actuación, pero sin el título", por lo que la Intervención de la Junta "se planteó que lo realmente procedente era un informe de actuación, pero decidió no hacerlo", lo que tuvo consecuencias en el "conocimiento y actuación" de los responsables de los órganos de gestión.

"Cuando la Intervención General emite un informe de actuación, la mecánica administrativa se detiene y la disposición de fondos se para", ha asegurado el abogado, añadiendo que su cliente "no recibió en ningún momento alerta de incumplimientos o legales o de riesgo de menoscabo".

Según Martínez del Hoyo, la no emisión del informe de actuación supone una "omisión del deber de control interno" por parte del ex interventor general, calificando de "absurdas" las excusas dadas por éste para no emitir el informe de actuación, esto es, que las irregularidades eran reprochables a la Dirección General de Trabajo y no a IFA/IDEA y que el informe de actuación "no se podía ser enviado a la Consejería de Empleo porque IFA/IDEA ya pertenecía a Innovación".

El ex interventor "debió hacer informe de actuación" porque "pasaron seis meses sin que IFA/IDEA corrigiera nada". "Nada impidió el informe de actuación", considera Martínez del Hoyo, quien "entiende" que se daban dos presupuestos legales para emitir el informe de actuación, no atender las recomendaciones de los informes anteriores y el riesgo de menoscabo.

Es "obvio" que los destinatarios del informe adicional en Empleo "no adoptaron las medidas aconsejadas y prosiguieron con su actuación y si se consideraba responsable de gestión analizada, sólo por ese motivo debería emitirse informe de actuación". En relación al posible riesgo de menoscabo, el abogado ha señalado que la reiterada observación de la inadecuación de las transferencias de financiación o la falta de control previo y otras conclusiones reseñadas por la intervención en sus informes, incluido el adicional hacen "parecer que no cabe duda sobre el posible riesgo de menoscabo, como expreso la IGAE".

"Y concurriendo el riesgo debería haberse emitido el informe de actuación", ha concluido, aunque Manuel Gómez sostiene que "en ningún caso se estuvo en presencia real de riesgo de menoscabo" entre los años 2002 y 2009.