La abogada de Vallejo en los ERE asegura que ser consejero de la Junta "no implica convertirse en prevaricador"

En la sesión de tarde de este martes, Molino ha comenzado el trámite de informe final en la defensa de Vallejo, que se enfrenta a una petición de condena de ocho años prisión y 30 de inhabilitación acusado de delitos continuados de prevaricación y malversación.

Para la abogada, cuando una persona, como su defendido, "sufra una larga instrucción y un largo proceso", así como un seguimiento mediático como el que se ha producido en el caso ERE "desayunándose titulares en la prensa a diario", "sufre un juicio paralelo", lo que provoca que "la presunción de inocencia llegue" a este momento "herida y dolorida".

Ha recordado a este respecto que "se tiene sentados en el banquillo a personas que gozan de la presunción de inocencia". Según la abogada, durante la vista oral "ha quedado acreditado que los hechos que le atribuyen a Vallejo no son constitutivos de delito alguno".

Así, ha reprochado la indeterminación y genérica acusación por parte de la Fiscalía y acusaciones populares, "artificiosa e imprecisa", con una constitución "sesgada" de la realidad.

Ha afirmado que "las consideraciones políticas, sociales, éticas o morales, por mucho que le pese" al abogado de Manos Limpias, "deben quedar al margen de la valoración jurídico penal del tribunal" de la Sección Primera, que preside el magistrado Juan Antonio Calle Peña.

Con respecto al informe final del PP-A y a la relación de nombramientos de altos cargos de la Junta acusados en este proceso por los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, también encausados, Molino ha señalado que el abogado del PP-A expuso una relación "jerárquica y de especial confianza" entre los expresidentes y ex altos cargos.

Según las acusaciones, los encausados acordaron poner en marcha desde 2010 un sistema fraudulento "indebidamente" conocido como procedimiento específico que se caracterizaba por la ausencia de procedimiento legalmente establecido para conceder las ayudas y de control de las mismas, sistema que el PP-A "vinculó a directrices del presidente de la Junta a los miembros del Consejo de Gobierno", ha expuesto la letrada.

"¿Qué se pretendió insinuar?", se ha preguntado la abogada en relación a los argumentos del PP-A. "Del nombramiento de consejeros no se puede hablar o concluir de un plan preconcebido" para cometer delitos, pues "no existe prueba más allá del inconsistente planteamiento del PP-A". "Ser consejero no implica convertirse en prevaricador", según Molino.

Para la defensa de Vallejo, las acusaciones "mezclan cargos, nombres, competencias y años" y hacen "reproches colectivos", pero "no pormenoriza" las actuaciones de los acusados.

PARA SOLICITAR OCHO AÑOS DE PRISIÓN "HACE FALTA MÁS"

Por ello, considera que "para solicitar ocho años de prisión y 30 de inhabilitación --a Vallejo-- hace falta algo más que invocar genéricas leyes de gobierno de la Junta de Andalucía".

Si bien, ha asegurado que "no se ha podido probar que durante diez años se han puesto de acuerdo todos los acusados, en distintos cargos y momentos y sin relación alguna más allá de ser nombrados por el presidente, para tomar decisiones, todos unidos por un designio criminal".

Pero, a su juicio, ser nombrado por el presidente "no es suficiente para una condena, que requiere algo más".

PIDE A LA SALA UN ANÁLISIS "RIGUROSO" DE LA PARTICIPACIÓN DE ACUSADOS

Molino ha expuesto que el tribunal tiene como misión "analizar rigurosamente" las actuaciones y participación de cada uno de los acusados. "Y si hay responsabilidades penales, en su caso, a quién corresponde", ha añadido.

"No hay procedimiento específico, sino que se han mezclado por las acusaciones distintos procedimientos, políticos, administrativos o mero trámites de pago", según Molino, que ha añadido que "no se trata de mirar para otro lado" por parte de algunos acusados, como decía la acusación de Manos Limpias, sino que "cada uno es responsable de sus actos y no lo es de los actos de otros".

En este sentido, ha indicado que la responsabilidad penal es "individual" frente a la falta de rigurosidad de las acusaciones, afeando a éstas que "no se puede acusar a todos de todo. No todo vale".

Con respecto a la mezcla de todos los procedimientos, "qué intervención tuvo Vallejo en éstos", ha cuestionado Molino, que ha defendido la actuación y el papel de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), antes Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), de la que fue Vallejo presidente no ejecutivo desde 2004, cuando accedió a la Consejería de Innovación, a la que estaba adscrito el ente público desde entonces.

"No se puede sostener que IFA/IDEA llevó a cabo una actuación ilegal" por materializar el pago de las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo con fondos del programa 31L que este órgano gestor allegaba al ente por transferencias de financiación.

Molino ha abordado las competencias de Vallejo en IDEA y el nombramiento de personalidades para su Consejo Rector que llevó a cabo. En este punto, se ha preguntado cómo se puede sostener que si su cliente "se puso de acuerdo con otros acusados para prevaricar hubiera llamado a estas personalidades para formar parte de este órgano", algunas de las cuales estuvieron investigadas en esta causa pero fueron excluidas.