PONTEVEDRA, 03 (EUROPA PRESS)
El responsable de un hotel-club de alterne ubicado en Mos (Pontevedra) acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores ha negado que 29 mujeres estuviesen trabajando en el local sin estar de alta en la Seguridad Social.
La Sección cuarta de la Audiencia de Pontevedra ha dejado este jueves visto para sentencia el juicio contra el dueño del club en el año 2014, que se enfrenta a una pena de tres años de cárcel y el cierre del local durante cinco años, motivo este último por el que se sentó en el banquillo junto al actual administrador de la empresa, también acusado.
Según ha declarado durante la vista oral, estas personas "no hacían ninguna función para la empresa" aunque para la Fiscalía está probado que estaban ejerciendo "labores de alterne" en este local conocido como hotel-club 'Peinador'. Los agentes de la Policía Nacional que declararon en el juicio también han sostenido que estas mujeres ofertaban servicios de prostitución.
La Fiscalía mantiene que, en fecha 23 de octubre de 2014, el acusado dio ocupación laboral en dicho local a 41 trabajadores, de los cuales sólo 12 estaban dados de alta por la citada empresa (dos porteros, cinco camareros, un encargado, tres limpiadoras y el encargado de seguridad y administrador del establecimiento).
Así, el Ministerio Público sostiene que "debían someterse al régimen laboral impuesto por el acusado" consistente en respetar los horarios de apertura y cierre del local, "atraer o servir de reclamo a los clientes para incitarles al consumo de copas", de cuyo precio total el club se quedaba con 10 euros siendo para la trabajadora la cantidad restante y "descontándosele además 5 euros por el uso de las sábanas y entrega de preservativos".
Ante el tribunal también declararon como testigos cuatro de las mujeres afectadas, que han asegurado ser sólo "huéspedes" de ese hotel-club con el todavía mantienen esa relación.
Se trata de un testimonio radicalmente opuesto a la versión de los hechos que en su día ofrecieron a la Policía Nacional y los inspectores de trabajo.
Para justificar esta contradicción, las mujeres han explicado que los funcionarios las entendieron mal "por culpa del idioma" e incluso han llegado a sostener que los agentes recogieron declaraciones que ellas no hicieron.