El juez dice que Villarejo lideraba una red "parapolicial" que se aprovechó del Estado y le deja en prisión

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha rechazado el recurso de reforma planteado por el comisario jubilado José Manuel Villarejo contra el auto que le denegó por undécima vez, la puesta en libertad. Considera que se le investiga por hechos de una "extraordinaria gravedad" ya que habría liderado "una organización parapolicial" que se aprovechó del Estado.

El auto, al que ha tenido acceso Europa Press, viene a confirmar lo dictado por la jueza María Tardón el pasado 3 de enero, cuando por riesgo de fuga, reiteración delictiva y destrucción de pruebas, decidió mantenerle en prisión. García Castellón retoma todos esos argumentos e incide en particular en las alegaciones de Villarejo sobre las "masivas filtraciones" que procederían del juzgado para recordarle que personas de su entorno y terceros también tienen copia de ese material.

Según expone, "los hechos investigados presentan una extraordinaria gravedad" porque "supondrían la existencia de una organización parapolicial, extraña a las instituciones del Estado pero que se aprovecharía de forma espuria de los recursos más sensibles del Estado para la lucha contra la criminalidad organizada".

En este marco, conforme detalla, a Villarejo se le investiga por un delito de organización criminal para la comisión de delitos graves, "en la cual ostentaría la condición de jefe", así como por blanqueo de capitales, cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y malversación de fondos públicos. Lleva desde noviembre de 2017 en prisión provisional.

"Con estos presupuestos se considera que la medida cautelar ahora cuestionada sigue resultando absolutamente proporcionada a la gravedad de los delitos presuntamente cometidos y de las penas que pudieran imponer en una eventual sentencia condenatoria", explica García Castellón en el auto.

En cuanto a las filtraciones, de cuyo origen Villarejo culpa a los investigadores que custodian el material que fue intervenido en los registros de su domicilio y oficina, el juez descarta este extremo y recuerda al comisario que si bien en algunas ocasiones se han publicado audios en la prensa que estaban en el sumario, en otros casos "o bien no habían sido todavía analizados y remitidos al juzgado por la policía o judicial o bien no han sido aún localizados".

EL JUZGADO "HA TENIDO" QUE PEDIRLE AUDIOS A LA PRENSA

"Tanto esto es así que en diversas ocasiones el propio juzgado ha tenido que dirigirse a los medios de comunicación que facilitasen copia de los mismos para poder adoptar las medidas pertinentes como consecuencia del conocimiento de hecho ex novo de hechos que por si mismos constituyen una actividad delictiva imputable directamente e indirectamente al investigado", dice en la resolución.

En la misma línea, le hace saber que ya el pasado mes de octubre la unidad policial que investiga el material intervenido informó de que tenía "evidencias, especialmente los archivos de audio, que únicamente podrían estar a disposición de los investigados" quienes "en la actualidad disponen de copias del mismo material incautado, ya se trate de los mismos investigados o de terceros ajenos a la investigación pero cuyo origen ha de encontrase".

"Todo ello desdice el argumento expuesto por la defensa y reitera el posicionamiento procesal de este juzgador en el sentido de apreciar un clarísimo riesgo de alteración de fuentes de prueba, como de ocasionar mayores perjuicios a las víctimas y la propia investigación", afirma García Castellón.

Para el abogado de Villarejo, Antonio José García Cabrera, esto implica señalar a su defendido como autor de las filtraciones y avanza ya que recurrirá la resolución ante la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional "aportando todas y cada una de las informaciones publicadas que por el propio tenor de las mismas sólo pueden tener su origen en la propia investigación".

"Es evidente que no hay una voluntad real de averiguar quién ha filtrado las publicaciones de moncloa.com. Es más fácil atribuirle todo a Villarejo sin justificar ni informar sobre el avance de esas investigaciones que supuestamente se iniciaron tras la aparición de los audios de una comida", dice el letrado en declaraciones a Europa Press.

INFORMACIÓN SENSIBLE, "ESTRATEGIA EXCULPATORIA"

En cuanto al riesgo de fuga y a la "supuesta colaboración para la identificación de archivos sensibles" que la defensa invocaba en su recurso, el juez dice, dando la razón a la Fiscalía, que esa alegación "entra en contradicción" con lo que declaró Villarejo en la Audiencia Nacional el pasado 12 de enero, cuando afirmó "que la totalidad del material informático intervenido contenía información sensible, entendiendo por tal aquella que afectaría a la seguridad del Estado, a altas instituciones del Estado o a la intimidad de terceros".

En opinión de García Castellón, esa manifestación "a la vista de las fuentesdocumentales ya analizadas a las que los investigadores han tenido acceso y que han aportado, conforman un sólido cuadro indiciario de la comisión de múltiples delitos de naturaleza grave", por lo que "solo cabe valorar" ese ofrecimiento "como una estrategia exculpatoria".

El instructor apunta además que con esa "difusión incontrolada de materiales" que denuncia Villarejo "más que a un riesgo de reiteración delictiva se está asistiendo en vivo y en directo a la comisión de nuevos hechos delictivos" cuyo origen se encuentra en el material que se le incautó.

"Resulta cuando menos, aventurado pensar que otra persona pueda contar con un número de grabaciones y material de esta índole, sino personas directamente relacionadas con la organización que este dirige", dice el instructor.