Del Valle no se fía de la justicia española y aumenta la presión contra el Banco Santander en EEUU

En agosto de 2017, Antonio del Valle, junto con otros inversores mexicanos con los que controlaba el 4% del capital de Popular, presentó un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para solicitar la nulidad de la decisión de la JUR (Junta Única de Resolución) de resolver el Popular en junio de ese año (e, inmediatamente después, venderlo por un euro a Banco Santander).

Con esa decisión, el grupo de inversores perdió 470 millones de euros, según indicaron en una carta dirigida al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy. Por ello, Del Valle no se conforma con su queja a la justicia europea, y este marzo dio un paso más allá, o más bien dos.

Por un lado, inició un arbitraje internacional contra el Ejecutivo central por, en su opinión, violar el Tratado de Protección de Inversiones entre España y México. Y, por otro, solicitó al tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York una revelación de la documentación secreta sobre la resolución del Popular que está en poder del Banco Santander.

En este último caso, los exaccionistas liderados por Del Valle se acogen a una figura jurídica recogida en el derecho estadounidense denominada ‘discovery’ (revelación). Y con ella buscan que, en este caso el juzgado neoyorquino, haga públicos, entre otros documentos, el informe de la consultora Deloitte de forma íntegra (ya se reveló parte a principios de febrero) y las peticiones de liquidez de emergencia hechas por Banco Popular antes de su resolución.

TRIBUNAL DE EEUU

Esta solicitud de ‘discovery’ ya ha sido respondida por el Banco Santander. El grupo de Ana Botín básicamente alega que el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York no puede hacer públicos esos documentos porque se encuentran en el extranjero. Argumenta además que la presencia de la sucursal del Santander en la ciudad neoyorquina no justifica por sí sola la actuación del tribunal sobre ellos.

En cambio, los inversores demandantes insisten en que el tribunal estadounidense sí puede llevar a cabo la revelación de los documentos, debido a la “multitud de actividades comerciales continuas” que realiza el Santander en Nueva York, “incluida la venta de valores” en Wall Street, tal y como aparece en la réplica del grupo de inversores.

Es más, los inversores mexicanos, basando sus argumentos en opiniones de juristas expertos (Sir David Edward, Jan Paulsson y David Arias), aseguran que ni el TJUE ni el tribunal internacional de arbitraje tienen poder para descubrir los documentos secretos de la venta del Banco Popular.

SIN “ASISTENCIA JUDICIAL” EN ESPAÑA

“Santander hoy en día no es parte de ninguno de los procedimientos extranjeros relevantes”, contraatacan a los inversores liderados por Del Valle a la compañía de Botín. Por ello, los documentos que demandan están “fuera del alcance de los tribunales extranjeros”.

“Los tribunales españoles probablemente no otorgarían asistencia judicial en este caso”

Esto hace que el tribunal radicado en Luxemburgo no pudiera solicitar ni hacer pública la información porque “no tiene poder para ordenar la producción de documentos de terceros, excepto funcionarios e instituciones de la Unión Europea”, según explica en la ‘contra-réplica’ Edward, exjuex del propio TJUE.

Y en lo que respecta al tercer proceso, según Paulsson, “los tribunales de arbitraje no tienen facultades para ordenar la producción de documentos de terceros”. La única vía sería solicitarlos a un tribunal con jurisdicción, es decir, español. Una posibilidad que el grupo de inversores mexicanos descarta porque “los tribunales españoles probablemente no otorgarían asistencia judicial en este caso”, según defienden.

DOCUMENTOS COMO PRUEBAS

Por todo ello, Del Valle y los demás exaccionistas del Banco Popular defienden que los documentos que demandan son inalcanzables si no se realiza la revelación en el tribunal neoyorquino. Algo clave, ya que en su opinión “Santander tiene documentos de crítica relevancia”.

Además, estos inversores mexicanos lanzan una advertencia: “Cualquiera de los documentos” que se obtengan a través de la revelación, si finalmente el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York la exige, “podrían ser presentados” ante el TJUE y el tribunal de arbitraje como prueba.

Una posibilidad que Santander rechazó en su réplica a la primera solicitud de la documentación en Estados Unidos. Pero para Antonio del Valle y los demás exaccionistas, el banco de Ana Botín no tiene ninguna “prueba autorizada” de que eso sea verdad. Por tanto, la batalla continúa.