Libertad para Trapero porque su papel en las protestas del 20 de septiembre no está suficientemente acreditado

No obstante, la magistrada le recuerda que se trata de hechos "muy graves" que revisten carácter de delito de sedición, penado con hasta diez años de prisión, y que existen elementos que le vinculan con la estrategia "de finalidad independentista" del Gobierno catalán.

En concreto, se refiere a las conversaciones telefónicas autorizadas por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona "en las que se vislumbra una actividad de contravigilancia para proteger a determinadas personas frente a posibles actuaciones de la Policía o la Guardia Civil".

PENDIENTE DE INVESTIGAR LA PASIVIDAD DE LOS MOSSOS

También alude al contenido del documento enfoCat hallado durante el registro del domicilio del número dos de Economía del Govern, Josep Maria Jové Lladó, y a la pasividad, aún por investigar, que se atribuye a los Mossos en los hechos ocurridos durante la celebración del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre.

El citado auto justifica las medidas adoptadas -comparecencias quincenales en el juzgado más cercano, retirada de pasaporte, prohibición de salida del territorio español, indicación de un teléfono de contacto donde esté localizable "inmediatamente" e indicación de una persona para que reciba cualquier tipo de notificación- para Trapero aunque justifica su medida de libertad en que cuenta con residencia y domicilio reconocidos y trabajo estable.

También descarta la reiteración delictiva en la que el Ministerio Fiscal fundamenta su solicitud de prisión incondicional, ya que considera que esa posibilidad no aparece delimitada, sin perjuicio de las posibles ampliación que puedan realizarse en el perímetro objetivo y subjetivo de las presentes diligencias.

Según explican fuentes jurídicas, el Ministerio Público solicitaba prisión incondicional para el mayor de los Mossos debido a la gravedad del delito de sedición que se le imputa, la gravedad de los hechos al tratarse de un mando policial y por la posibilidad de reiteración delictiva.

La magistrada relata en su auto que durante todo el tiempo que duraron los registros y las detenciones de miembros del Govern que preparaban el referéndum ilegal, la Guardia Civil pidió "de forma reiterada" la intervención de los Mossos a través de la intendente Teresa Laplana, a quien también ha dejado en libertad con las mismas medidas cautelares tras su declaración judicial de este lunes.

DAÑOS DE LOS COCHES POR VALOR DE 135.630 EUROS

El objetivo era que les auxiliaran para retirar los vehículos de la Guardia Civil "destrozados" por los manifestantes y cuyos dañados cifra 135,630 euros, relata la juez que apunta que el teniente de la Guardia Civil de la Unidad de Policía Judicial de Cataluña advirtió a Laplana de la situación y le pidió que movilizara a las unidades necesarias haciendo un cordón de seguridad.

Ella respondió que no apreciaba ese riesgo porque "no parecía una masa violenta" por lo que no procedería a movilizar esas unidades. Esa misma petición se formuló en repetidas ocasiones a lo largo de la mañana y de la tarde cuando los manifestantes ya estaban subidos a los vehículos de los agentes y lanzando objetos.

El titular del Juzgado de Instrucción número 13 Juan Antonio Ramírez Sunyer contactó directamente con Trapero y le ordenó que "con la mayor brevedad" estableciera un dispositivo que permitiera la salida de la letrada de la Administración de Justicia y de los agentes de la Guardia Civil que habían practicado las diligencias requeridas en el edificio. Fue ya a medianoche cuando los Mossos adoptaron las medidas oportunas para evacuarles.

SEGUNDA DECLARACIÓN JUDICIAL

Se trata de la segunda ocasión en la que Trapero y Laplana declaran ante la juez de la Audiencia Nacional tras los nuevos datos que aportaron los atestados de la Guardia Civil entregados pocas horas antes de su primera comparecencia el pasado 6 de octubre.

Igualmente Lamela volvió a citar a los presidentes de ANC, Jordi Sánchez y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, también imputados por delito de sedición en la causa al considerarles responsables de "alentar a la masa" llamando a la protesta tanto frente a la Consejería de Economía como ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).