Polémica por las pruebas a funcionarios que pueden degradarles y reducirles el sueldo
Estos exámenes están recogidos en el anteproyecto de ley de Función Pública aprobado este martes
Las nuevas pruebas de evaluación a los funcionarios han puesto en pie de guerra a empleados públicos y sindicatos. El Gobierno ha incluido en el anteproyecto de Ley de la Función Pública, aprobada este pasado martes en el Consejo de Ministros, estas evaluaciones de carácter anual, totalmente obligatorias y que podrían obligar a los funcionarios que no la superen a ser degradados en caso de que hubiesen promocionado y hasta a ser apartados de su puesto.
El texto, que podría recibir modificaciones, prevé que los empleados públicos puedan ser apartados si no cumplen de forma adecuada con sus labores profesionales, si su rendimiento es insuficiente o si no pueden cumplir con las exigencias requeridas para el puesto ni siquiera recibiendo formación adicional. “La obtención continuada de resultados negativos en la evaluación del desempeño dará lugar a la remoción del puesto obtenido por concurso”, señala el documento, al que ha tenido acceso el diario ‘El País’.
Asimismo, según revelan fuentes de la Función Pública, es casi seguro que los trabajadores perderían el complemento retributivo por buen desempeño. Por otra parte, todavía no se ha definido si perderán de forma total o parcial la mejora salarial percibida tras su promoción. Además, una puntuación negativa también impactará en la puntuación en los concursos de traslado.
La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha asegurado que el texto cuenta con un diálogo previo con los agentes sociales, aunque están abiertos a debatirlo y añadir modificaciones en el futuro. Según Rodríguez, el anteproyecto de ley incluye “elementos de transformación, mejora y modernización” de la Administración General del Estado y conseguirá modernizar la Función Pública de España 15 años después de la aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público.
El anteproyecto ha despertado el malestar de los sindicatos, que consideran “gravísimo” que los funcionarios puedan ser degradados o apartados de sus puestos si no se superan estas evaluaciones por desempeño.
Elisa Fernández, secretaria del sector de Administración General del Estado de FSC-CCOO, ha calificado la medida como “bastante grave” debido a su carácter “subjetiva” y a que no ha sido negociada con los sindicatos. “Clama al cielo”, añade, al tiempo que reclama que esté sujeta a “criterios objetivos” y que el proceso sea “transparente”.
Más duro ha sido Carlos Álvarez, su homólogo en UGT Servicios Públicos, quien cree que el texto es más un “manual de recursos humanos” que una ley que regule la Función Pública. “Omite muchas de las expectativas tangibles y concretas que han venido exigiendo los empresarios públicos”, ha subrayado, al tiempo que ha recalcado su carácter “demasiado básico”. Álvarez también ha criticado que carece de “una conexión e incidencia directa sobre los empleados públicos”.
Por su parte, CSIF ha rechazado que el Ejecutivo pretenda “de manera unilateral” que los funcionarios puedan ser apartados de su posición. “La persona no tiene defensa en vía administrativa con una evaluación negativa de la superioridad”, han añadido.
La reforma de la Función Pública es uno de los compromisos acordados con Bruselas a cambio de los fondos europeos contemplados en el Plan de Recuperación. Además, también fue acordado con UGT y CCOO en el acuerdo marco para una Administración del siglo XXI.
