Julián Sánchez Melgar, el elegido por el Gobierno para sustituir a Maza como fiscal general del Estado

Es magistrado de la Sala de lo Penal del alto tribunal y uno de los impulsores de la doctrina Parot

Sánchez Melgar es magistrado de la Sala de lo Penal del alto tribunal y uno de los impulsores de la doctrina Parot. Al igual que Maza fue uno de los magistrados del Tribunal Supremo que votó en contra de la denominada 'doctrina Botín' que permitió librar del banquillo al banquero del mismo nombre.

Julián Sánchez Melgar ingresó en la Carrera Judicial en 1983 y ascendió a magistrado en 1987. Estuvo destinado en la antigua Audiencia Territorial de Barcelona y sirvió después en Juzgados de Santander, donde fue elegido juez decano, como magistrado en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y como presidente de la Audiencia Provincial de Ávila hasta su nombramiento para el alto tribunal por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en diciembre de 1999.

El magistrado del Tribunal Supremo es propuesto nuevo fiscal general del Estado en un momento especialmente convulso debido principalmente a las causas judiciales abiertas por la deriva independentista catalana además de las diversas investigaciones relacionadas con tramas de corrupción.

José Manuel Maza falleció el pasado sábado en una clínica de Buenos Aires en la que permanecía ingresado desde el día anterior por un proceso de infección. Maza se sintió indispuesto mientras participaba este viernes en la Asamblea de Ministerios Públicos Iberoamericanos, que se celebraba en la capital argentina. Los médicos aconsejaron entonces su ingreso hospitalario. Licenciado en Derecho y en Historia por la Universidad Complutense de Madrid ocupaba el cargo de Fiscal General del Estado desde noviembre de 2016, por decisión del Consejo de Ministros.

El Ministro de Justicia, Rafel Catalá, ha querido reconocer el trabajado realizado por Maza durante los últimos años al frente de la Fiscalía General del Estado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado esta jornada. Catalá ha anunciado que recibirá de forma póstuma la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, que premia a los miembros del poder judicial más relevantes debido a los méritos contraídos.

UN DETENIDO POR CELEBRAR LA MUERTE DE MAZA

La Policía Nacional ha detenido en Barcelona a un joven de unos 20 años por comentarios en su cuenta de Twitter en los que celebraba la muerte del fiscal general del Estado José Manuel Maza y amenazaba con apuñalar al delegado del Gobierno, Enric Millo.

Según ha informado la Policía en un comunicado este viernes, la detención de este 'tuitero' como presunto autor de un delito de amenazas, incitación al odio e injurias se produjo el martes cerca de su domicilio. La investigación se inició gracias a diversas denuncias ciudadanas que alertaron a los agentes de las publicaciones que realizaba el detenido.

TRÁMITES DEL CGPJ Y DEL CONGRESO

Tal y como ha explicado Rafael Catalá, el Consejo de Ministro ha iniciado un proceso que ahora pasa a las manos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este organismo, que no tiene carácter vinculante, debe elaborar un informe que consiste en un mero control de que el nuevo fiscal general es elegido entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión.

Según el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, una vez recibido el informe del CGPJ, el Gobierno comunicará su propuesta al Congreso de los Diputados, en cuya Comisión de Justicia deberá comparecer el candidato "a los efectos de que se puedan valorar los méritos e idoneidad" del mismo. Sin embargo, este informe tampoco es vinculante ni la candidatura es sometida a votación. Después de estos trámites el expediente vuelve al Consejo de Ministros y el nuevo fiscal o fiscala general, una vez nombrado prestará ante el Rey el juramento o promesa que previene la Ley y tomará posesión del cargo ante el Pleno del Tribunal Supremo. Esto sucedería en el Consejo de Ministros del día 7 de diciembre, según ha explicado el Ministro de Justicia.

El Estatuto añade que el cargo de fiscal general tiene carácter de autoridad en todo el territorio español" y se le guardará y hará guardar el respeto y las consideraciones debidos a su alto cargo". En los actos oficiales ocupará el lugar inmediato siguiente al del Presidente del Tribunal Supremo. La duración del mandato del Fiscal General del Estado es de cuatro años, ya que cesa cuando cesa el Gobierno, si bien el que sustituya a Maza, al haber transcurrido ya prácticamente un año de la designación de éste, sí podría volver a ser propuesto.