El Gobierno propone reducir las penas por sedición de 15 a 5 años de cárcel
El Ejecutivo también reduce la inhabilitación a entre 6 y 8 años
El Gobierno ha propuesto reducir el actual delito de sedición. Actualmente, este delito en España está penado con 10 a 15 años de privación de la libertad y el mismo tiempo de inhabilitación. El cambio sugiere reducir las penas de cárcel de 3 a 5 años y de 6 a 8 años de inhabilitación, según indica la proposición de ley orgánica realizada por PSOE y Unidas Podemos.
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Dentro del nuevo cambio de sedición, se afirma que "serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años los que, actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación: sobre las personas o las cosas; u obstaculizando las vías públicas ocasionando un peligro para la vida o salud de las personas; o invadiendo instalaciones o edificios", según indica el texto.
A su vez, se advierte que "los hechos descritos en el apartado anterior serán castigados con la pena de prisión de tres a cinco años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por el mismo tiempo cuando se cometan por una multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos para afectar gravemente el orden público", pero la pena de inhabilitación puede incrementarse si "en caso de hallarse los autores constituidos en autoridad, la pena de inhabilitación será absoluta por tiempo de seis a ocho años".
Según explicó el jefe del Ejecutivo, el reciente tipo penal será "más o menos homologable" con otras democracias europeas como Alemania, Francia, Italia, Bélgica y Suiza, y las penas por el mismo delito serán las que rigen en los códigos penales de los citados países.
Las reacciones de los partidos políticos no se han hecho esperar. Por su parte, ERC ha valorado "muy positivamente" la reforma del delito de sedición y ha señalado que es "un gran paso adelante" e "imprescindible" para erradicar con lo que consideran "conflicto" entre España y el Gobierno de Cataluña.
Sin embargo, el PP considera que Sánchez "ha renunciado a ser el presidente de todos los españoles" por medio de esta medida que, a su juicio, evidencia que su Ejecutivo está "rendido a políticos fugados". Por eso, desde Génova han retado a los 'barones' y cargos intermedios del PSOE a no mantenerse en silencio ante la "barbaridad política" que supone esa modificación del Código Penal, debido a que supondría una "traición" a sus valores.
