El Gobierno equiparará el cigarrillo electrónico al convencional

En su Anteproyecto de Ley del Mercado de Tabacos

Bolsamanía
Bolsamania | 10 may, 2022 16:05
ep apagando un cigarrillo cenicero tabaco
SEMG - Archivo

El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley del Mercado de Tabacos y Otros Productos Relacionados, una norma que, según el Ejecutivo, “contribuirá a modernizar el régimen jurídico del mercado de productos de tabaco y otros productos relacionados”.

El Gobierno pretende que esta norma impulse “una lucha más eficaz contra toda clase de comercio ilícito” y garantice la seguridad de los consumidores, mediante la mejora del control de los operadores y la trazabilidad de los productos a lo largo de toda la cadena industrial y comercial.

“Los objetivos de la futura ley serán reforzar la transparencia, la neutralidad y la seguridad de los productos, en beneficio de los consumidores y usuarios”, señala el comunicado del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

El ministerio de María Jesús Montero destaca la equiparación del cigarrillo electrónico al convencional entre las novedades que incluye este anteproyecto. “Se irá equiparando progresivamente el régimen de control de la fabricación, distribución y del comercio minorista de cigarrillos electrónicos y de dispositivos de tabaco novedosos al del tabaco convencional”, apuntan desde Hacienda.

Así, se regulará su venta exclusiva en estancos en un plazo de cinco años, a través de la red de expendedurías de tabaco y timbre del Estado, “mejorando el control de los productos, sometiendo a revisión sus actividades publicitarias y promocionales y evitando la venta a menores y por Internet”.

Por otra parte, Hacienda subraya que este reglamento mejorará la supervisión de los productos de tabaco “estableciendo las medidas necesarias para que todos aquellos que lleguen al consumidor cumplan la normativa europea y española con plenas garantías”, a la vez que contemplan reforzar el principio de neutralidad de la red de expendedurías de tabaco y timbre del Estado. “Se trata del principio que garantiza que no se favorezca desde la red minorista directa ni indirectamente el consumo de unas marcas, productos o fabricantes frente a otro”, puntualizan.

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