El Tribunal anula la acumulación de condenas de ambos terroristas
El Tribunal Supremo ha anulado este martes dos resoluciones dictadas el pasado mes de diciembre por la Audiencia Nacional por las que se acumularon las condenas cumplidas en Francia y España por los miembros de ETA Santiago Arrospide, alias 'Santi Potros', y Alberto Plazaola, lo que llevó la excarcelación de ambos.
Potros volvió a ingresar en prisión por decisión de la Audiencia por su relación con dos atentados de ETA en los 80
Según destaca Europa Press, ambos terroristas salieron de prisión, pero Santi Potros, uno de los ideólogos del atentado de Hipercor en Barcelona, volvió a ingresar en prisión preventiva en relación con dos atentados de ETA en los años 80 en los que se sospecha de su intervención. El que está en libertad y tendrá que volver a ingresar en prisión, según informa esta agencia de noticias, es Alberto Plazaola.
La Sala Penal del Supremo ha deliberado desde las 10:30 horas y a puerta cerrada para estudiar los dos citados casos, a los que decidido aplicar la reciente doctrina de este tribunal para situaciones similares. Esta doctrina señala que no cabe la acumulación de penas y, por tanto, tampoco la excarcelación en casos como los citados.
EL CASO DE SANTI POTROS
La Audiencia Nacional ya había confirmado el mantenimiento de prisión para el exdirigente de ETA Santiago Arróspide Sarasola, también conocido como “Santi Potros”, en dos autos. En estos se considera que “en cualquier momento puede darse a la fuga” para evitar ser juzgado.
Según Europa Press, en los dos autos, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal ha desestimado los recursos de apelación presentados por la defensa de Santi Potros, inductor del atentado de Hipercor que costó la vida a 21 personas en 1987.
En la actualidad persiste el riesgo de “reiteración delictiva”, según rezan estos autos, por lo que se mantendrá la prisión decretada por el juez Fernando Andreu, que le investiga también por atentar contra una patrulla de la Guardia Civil en Barcelona y por el intento de asesinato en 1986 de Luis Antonio Burón, que entonces fuera fiscal general del Estado.
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