En total hay 14 empresas por posibles prácticas restrictivas de distribución, según la CNMC
Empresas como Walt Disney, Sony, Warner Bros o Paramount han visto iniciado un expediente sancionador por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por posibles prácticas restrictivas de la competencia en el mercado de distribución cinematográfica.
En concreto, el organismo investiga por hechos hechos a seis grandes distribuidoras cinematográficas, una empresa de medición de audiencias y una empresa proveedora de servicios de despliegue digital a las salas exhibidoras.
Los acuerdos entre competidores constituyen una infracción muy grave de la legislación de competencia
Unas actuaciones que se centran contra: The Walt Disney Company Iberia y su matriz británica The Walt Disney Company Limited; Sony Pictures Entertainment Iberia y su matriz británica Columbia Pictures Corporation; Warner Bros Entertainment España y su matriz holandesa Warner Bros Entertainment Nederland; Hispano Foxfilm; Universal Pictures International Spain; Paramount Spain y su matriz británica Paramount Pictures International; Ymagis Spain y su matriz francesa Ymagis; y Rentrak Spain y su matriz holandesa Rentrak BV.
Según informa la CNMC en un comunicado, las prácticas consistirían en la concertación entre las grandes distribuidoras y la empresa integradora Ymagis para uniformizar sus políticas comerciales, así como en el intercambio de información comercialmente sensible entre los grandes distribuidores, con la colaboración de la compañía de medición de audiencias Rentrak, en el mercado español de la distribución cinematográfica.
Después de la apertura de este expediente sancionador se inicia un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución por la CNMC, sin que la incoación de este expediente prejuzgue el resultado final de la investigación. Explica que los acuerdos entre competidores constituyen una infracción muy grave de la legislación de competencia que puede conllevar multas de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras.