El Tribunal Supremo confirma que las cementeras no pactaron precios

En tres autos, adelantados por 'La Información' y a los que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS no ha admitido los recursos de casación presentados por la Abogacía del Estado contra la decisión de la Audiencia Nacional por "una carencia manifiesta en el asunto de interés casacional".

Las tres empresas sobre las que debía decidir eran Cementos Portland Valderribas SA, Betón Catalán SA y Betonalia SL. La CNMC sostuvo en septiembre de 2016 que habían cometido diversas infracciones únicas y continuadas consistentes en el intercambio de información comercialmente sensible, en la adopción de acuerdos para el reparto de mercado de cemento y en la fijación de precios en las zonas geográficas Centro, Noreste y Sur en el mercado del producto de hormigón.

El Supremo ha recogido en los autos que ya en la sentencia de la Audiencia Nacional se decía que de la prueba obrante no se corroboraba que existiera un plan en dicho sector y que "no había ninguna constancia de la efectiva celebración de ninguna reunión o 'mesa' ni deacuerdos previos adoptados entre las sancionadas para fijar precios, repartirse el mercado o intercambiar información conforme al supuesto plan preconcebido descrito". Similares argumentos se ha usado para responder a los otros dos expedientes.

Han añadido a esto, en uno de los tres casos concretos que examinaba, que la CNMC había efectuado "una construcción artificiosa y voluntarista de los datos obtenidos en las inspecciones realizadas para concluir que las empresas sancionadas actuaban conforme un plan preconcebido" por el que intercambiaban información sensible para conseguir el reparto del mercado.

Tras esto, ha explicado que la Abogacía del Estado sostenía que previo a analizar si hay un plan global preconcebido, el tribunal de instancia debería haber verificado la existencia de los actos, conductas o comportamientos aislados que pudieran ser prohibidos, y luego determinar si se inscriben en un plan o unidad de acción.

Pero el Supremo ha recordado, por ejemplo, que en el caso de Betonalia SL los servicios jurídicos del Estado en su recurso "nada dicen sobre la prescripción de la infracción", algo que sí se menciona en la sentencia de la Audiencia Nacional. "Lo que constituye, ya de por sí, causa de inadmisión del recurso de casación al no combatirse el razonamiento que, en realidad, es relevante y determinante de la desestimación del recurso", ha indicado.

LA MULTA DE 2015

Ya en 2016, la CNMC había tenido que devolver a Cementos Portland los 5,72 millones de euros que la cementera de FCC había pagado en abril 2012 por la multa que le impuso a comienzos de ese año por haber formado un cártel con otras empresas del sector en Navarra.

El TS había estimado parcialmente en diciembre de 2015 el recurso que la empresa había elecado en contra de la sanción, de forma que el Alto Tribunal tan sólo ordenó recalcular el importe de la multa.