Telefónica forma a su consejo para evitar la corrupción en el año de los 'casos Villarejo'
En 2019, recibió en su canal interno 465 denuncias "fundadas", el 28% vinculadas a casos de fraude
Las grandes empresas del Ibex refuerzan la formación de sus profesionales no sólo para evitar políticas y actuaciones que les lleven ante los tribunales, también el daño reputacional y de imagen que estas conllevan, como las recientes vinculaciones de BBVA e Iberdrola al excomisario Villarejo. Y la formación es determinante. Una de las grandes compañías que ha reforzado la preparación de su más alta dirección es Telefónica, que en el pasado ejercicio formó a su consejo de administración en prácticas anticorrupción.
La operadora presidida por José María Álvarez-Pallete explica en sus cuentas anuales consolidadas que, a lo largo del pasado ejercicio, los 17 integrantes de su consejo de administración recibieron formación en esta temática. “Durante el ejercicio 2019, en colaboración con terceros, el consejo de administración de Telefónica, S.A. recibió una formación en materia anticorrupción que versaba sobre la FCPA [Foreign Corrupt Practices Act, específica de Estados Unidos], así como las normativas internas relativas a esta materia”, indica la operadora de telecomunicaciones.
Formación que recibieron a lo largo de 2019 todos los consejeros, no sólo Álvarez-Pallete y su número dos, Ángel Vilá. También los representantes de sus dos únicos accionistas de referencia: el presidente de CaixaBank, Jordi Gual; e Ignacio Moreno, que representa al BBVA.
Además, la compañía indica que el 26% de toda su plantilla recibió el pasado año formación en materia de anticorrupción. En concreto, 29.749 empleados. Bajo esta materia, Telefónica incluye un “curso de Principios de Negocio Responsable, el curso sobre la FCPA y otros cursos locales en materia anticorrupción y prevención penal”, según desglosa en las citadas cuentas consolidadas.
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En cuanto a si ha detectado casos, argumenta que, “actualmente, el grupo Telefónica coopera con autoridades gubernamentales (en su caso, conduciendo las investigaciones internas correspondientes) a propósito de solicitudes de información potencialmente relacionadas, de forma directa o indirecta, con posibles infracciones de las leyes contra la corrupción”. No las identifica pero no prevé un alto impacto económico “Telefónica considera que cualquier potencial sanción en el marco de estas solicitudes específicas, no afectaría de forma material a la situación financiera del grupo, considerando su tamaño”.
CANAL DE DENUNCIAS
Telefónica también detalla que su plantilla cuenta con un canal de denuncias, a través del cual pueden comunicar cualquier información sobre la existencia de una posible irregularidad, o un acto contrario a la legalidad o a las normas internas. En este también incluye, eventuales irregularidades relativas a temas contables, cuestiones relativas a auditoría y al cumplimiento de la Ley Sarbanes-Oxley, de Estados Unidos.
Denuncias que trata de forma anónima y que, en 2019, alcanzaron las 1.222. “Como resultado de las investigaciones durante dicho ejercicio, 465 denuncias resultaron fundadas. De las investigaciones cerradas, cabe concluir que hubo dos casos por discriminación y ningún caso por corrupción”, indica. Además, señala que “entre las medidas adoptadas como consecuencia de las denuncias fundadas, hubo 140 extinciones del contrato de trabajo”.
De esas 465 denuncias, el 28% estaban vinculadas a fraude, un 43% a lo que denomina “conducta inadecuada y otros conflictos en el entorno laboral”, un 8% a incumplimiento normativo y un 6% a acoso laboral/sexual y/o discriminación, según desglosa en las citadas cuentas anuales.
