S&P advierte del impacto para las eléctricas del recorte del Gobierno, pero será "modesto"

En un informe, la agencia de calificación afirma que si el anteproyecto de ley sale adelante representará un 'credit negative' para las eléctricas, ya que se producirá un debilitamiento en sus ratios de apalancamiento, lo que "debilitaría gradualmente las métricas crediticias de Enel ('Baa1' y 'estable'), principal accionista de Endesa, Iberdrola ('Baa1' y 'estable'), Naturgy ('Baa2' y 'estable') y EDP ('Baa3' y 'positivo).

Asimismo, cree que se introduce un riesgo "asimétrico", ya que parece que "esencialmente todo el alza de los aumentos del precio de la energía mayorista impulsados por el precio del CO2 se recuperaría, mientras que las empresas asumirían todo el riesgo a la baja del precio mayorista de la energía". Además, S&P ve un riesgo en la disminución de la visibilidad del flujo de caja de las energéticas.

MODIFICACIONES EN SU TRÁMITE Y DUDAS DE QUE SEA COMPATIBLE CON LA UE

Sin embargo, la agencia afirma que el anteproyecto de ley nace con "varias incertidumbres", ya que se trata de una propuesta inicial y debe pasar por el Congreso de los Diputados, lo que probablemente llevará unos meses y en su debate parlamentario "podría dar lugar a varias modificaciones, incluida la fórmula detrás del cálculo trimestral de la recuperación potencial que realizará la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)".

Igualmente, S&P duda sobre la certeza del Gobierno español de que el mecanismo propuesto será compatible con la legislación europea, lo que "ilustra el riesgo de intervención política".

"Los gobiernos de otros países pueden verse tentados a considerar medidas similares, siempre que el plan se considere compatible con la legislación de la UE. El grado de tentación también reflejará el deseo de cada gobierno de señalar la estabilidad y previsibilidad de la política energética en el contexto de la inversión en generación de energía", añade.

ABARATAR EL RECIBO ENTRE UN 4% Y 5%

El Consejo de Ministros acordó el pasado martes iniciar la tramitación de este anteproyecto de ley con el que reducir los llamados 'beneficios caídos del cielo' ('windfall profits') de las nucleares y las hidráulicas, que supondrá un recorte de unos 1.000 millones de euros en la retribución que reciben las eléctricas con el fin de abaratar entre un 4% y un 5% la factura de la luz de los consumidores domésticos.

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En concreto, la propuesta, que abre ahora el trámite de audiencia pública para su aprobación, pasa por un mecanismo de mitigación de parte del dividendo de carbono que perciben las tecnologías no emisoras anteriores a 2005 (hidráulica y nuclear).

Esta medida va de la mano del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), con el que se prevé sacar de la tarifa eléctrica el coste de las primas renovables más antiguas (en torno a 6.500 millones anuales) y repartirlo entre todos los sectores energéticos, con el objetivo también de abaratar el recibo, que ha sido elevado también por el Consejo de Ministros a proyecto de ley para su remisión a las Cortes, tras superar el periodo de consulta pública.

Con ambas medidas, el Gobierno prevé abaratar el recibo de la luz para los consumidores en torno a un 15% al final de un horizonte de cinco años, ya que la aplicación del denominado 'fondo verde' es gradual, un 20% cada uno de los cinco años.

Este recorte en la sobrerretribución de la generación hidráulica y nuclear, incluido en el pacto de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, afecta principalmente a Iberdrola, Endesa y Naturgy, y en menor medida, a EDP España y Acciona, propietarios de estos activos.