Saracho agravó la inestabilidad de Popular al no tener una estrategia sobre el capital
Los peritos creen que "minusvaloró" el impacto en los medios de la venta
El informe de los peritos de Popular no solamente tiene dardos contra Ángel Ron y su equipo, sino también contra el liderado por Emilio Saracho. Los inspectores creen que el último presidente de Popular como entidad independiente carecía de una “estrategia clara” para cumplir con el capital requerido en 2018 y critican su política de comunicación en mayo y junio, especialmente en relación con las filtraciones a los medios del hecho de que Popular había iniciado un proceso de venta a finales de abril de 2017.
“La falta de comunicación por Banco Popular de una estrategia clara para cumplir con el aumento de requerimientos de capital en el año 2018 acentuó la inestabilidad de la valoración del banco”, apuntan los inspectores en el documento pericial, que se ha incorporado ya a la causa y al que ha tenido acceso Bolsamanía.
La ausencia de una estrategia clara en cuanto al capital es especialmente importante, teniendo en cuenta la situación de la entidad entre abril y junio de 2017, cuando vivió sus mayores momentos de tensión, que terminaron con la resolución del banco por parte de las autoridades y su posterior venta a Santander.
El 3 de abril de 2017, de hecho, el nuevo equipo gestor de la entidad, con Emilio Saracho a la cabeza, decidió reexpresar sus cuentas de 2016, algo que, en opinión de los peritos, “aumentaba la urgencia de incrementar capital y, además, arrojaba dudas sobre la adecuada valoración de los activos del banco”.
En todo caso, indica que la situación “se tranquilizó” una vez se difuminó el efecto de las “relativamente imprecisas” declaraciones de Saracho durante su primera (y última) junta de accionistas de Popular, celebrada el 10 de abril de 2017, cuando afirmó que la entidad estaba “abocada” a una ampliación de capital o a una venta.
Esta cuestión cobra relevancia teniendo en cuenta que la causa penal está dividida en dos piezas separadas. La primera investiga la ampliación de capital que Popular lanzó en mayo de 2016, mientras que la segunda se centra en la publicación de informaciones supuestamente falsas para minar el precio de la acción ya bajo la presidencia de Saracho.
POLÍTICA DE COMUNICACIÓN
Los peritos también critican la forma en que el equipo de Saracho hizo frente a las diferentes informaciones que iban publicando los medios entre mayo y junio de 2017, que llevaron a la entidad a presentar una demanda contra un diario por publicar información relativa a su venta. “La política de comunicación de Banco Popular no contribuyó a la reconstrucción de la confianza en el banco y en sus gestores”, apuntan los inspectores, “lo que pudo llevar a una caída de la cotización de la acción, de la que se estaba recuperando hasta el 11 de mayo”.
“Aparentemente, se minusvaloró el impacto en los medios de comunicación de la posible filtración de la puesta en venta de la entidad, especialmente cuando (...) existían incertidumbres sobre el futuro del banco”, añaden.
Otro de los puntos en el que los peritos atacan la gestión de Saracho es en el momento en el que describen las peticiones de líneas de liquidez de emergencia (ELA, por sus siglas en inglés) que efectúa el banco durante sus últimos días como entidad independiente.
Como ya publicó Bolsamanía citando un informe confidencial del Banco de España incorporado a la causa penal, la entidad fue presentando durante sus últimos días activos como garantía para recibir liquidez de emergencia, algunos de los cuales estaban duplicados, mal clasificados y sin información suficiente. La entidad no fue capaz de subsanar las deficiencias a tiempo, por lo que no pudo obtener toda la liquidez que solicitó y precisaba, unos 9.500 millones de euros.
