Santander empieza este miércoles a dar respuesta a las solicitudes de sus empleados para adherirse a su ERE
Se trata del Expediente de Regulación de Empleo que aplicará para integrar los servicios centrales de Banco Popular con los suyos
- El banco ha dicho que el proceso se aplicará con "absoluta transparencia" y adoptando "criterios de meritocracia"
- El ajuste contempla la salida de 1.100 empleados mediante prejubilaciones y bajas incentivadas
Banco Santander comienza este miércoles a dar respuesta a las solicitudes de sus empleados para adherirse al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que aplicará para integrar los servicios centrales de Banco Popular con los suyos.
En un comunicado interno al que tuvo acceso Europa Press, el consejero delegado de Santander España y Popular, Rami Aboukhair, aseguró a sus empleados que el proceso se aplicaría con "absoluta transparencia" y adoptando, en todos los casos, "criterios de meritocracia".
El ajuste contempla la salida de 1.100 empleados mediante prejubilaciones y bajas incentivadas, el 3,1% de la plantilla conjunta de Popular y Santander España, con el 80% del salario para los empleados que superasen los 50 años de edad, así como diversas primas en función de la antigüedad de cada trabajador.
Hasta el 27 de diciembre, algo más de 750 personas se habían adscrito de forma voluntaria al ERE, pues la recepción de la oferta entre la plantilla ha sido "muy positiva", según indicaron a Europa Press en fuentes sindicales.
El periodo de adhesión al proceso de reestructuración permanecerá abierto hasta el próximo 31 de enero y será a partir de este miércoles 10 de enero y hasta el próximo 5 de febrero cuando el banco que preside Ana Botín acepte o rechace las solicitudes.
El ajuste supone una reducción del 3,1% en la plantilla conjunta de Santander España y Banco Popular, que juntos suman unos 35.000 trabajadores, pero la integración de los servicios centrales también considera la recolocación de un total de 697 empleados.
De este modo, tras y reubicaciones la integración supondrá aligerar en un 25%, aproximadamente, el número de trabajadores en los servicios centrales de ambas entidades.
