PwC no ve "ninguna conducta ilegal" de Iberdrola en su relación con Villarejo

En una nota del consejo de administración de la compañía, incluida en la información para sus accionistas con motivo de la próxima Junta General de Iberdrola, se desglosan las actuaciones llevadas a cabo en relación con la contratación con entidades vinculadas a Villarejo. El pasado mes de octubre, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón abrió una pieza separada a la luz tanto de la documentación intervenida al propio Villarejo tras su detención en 2017 como del material sobre su relación con Iberdrola que venían difundiendo 'moncloa.com' y 'El Confidencial'.

El órgano rector de Iberdrola, en su reunión del pasado 24 de enero, consideró "conveniente" la publicación de esta nota, recogiendo de esta manera las conclusiones alcanzadas en las distintas investigaciones internas desarrolladas hasta ahora al respecto. Así, el consejo de administración de Iberdrola ratifica que, tanto por la información interna como por los acontecimientos externos de los que se ha tenido conocimiento, los hechos respecto al caso Villarejo "no pueden considerarse jurídicamente relevantes para la sociedad por lo que su impacto, de existir, se circunscribiría al ámbito reputacional".

NO ADVIERTE NI IMPACTO REPUTACIONAL NI ECONÓMICO POR ELLO

En este sentido, se destaca que la monitorización de la evolución de la reputación corporativa ha correspondido a la Comisión de Desarrollo Sostenible y al consejo de administración de Iberdrola, "sin que se haya advertido deterioro en la reputación general del grupo, ni impacto negativo en la relación con sus profesionales, clientes, accionistas y proveedores".

Además, considera que los hechos referentes a la relación con Cenyt "tampoco" han tenido" un reflejo negativo en el rendimiento económico del grupo.

En el documento se destaca que, una vez que se tuvo conocimiento de las informaciones aparecidas referentes a las actividades de Cenyt en junio de 2018, la Unidad de Cumplimiento formuló un primer informe identificando 14 facturas emitidas por la sociedad vinculada a Villarejo e Iberdrola entre los años 2004 y 2009, por un importe total de 1,017 millones de euros, y otras tres facturas, emitidas entre 2012 y 2017 a Iberdrola Renovables, por un importe conjunto de 114.200 euros.

Asimismo, otro informe posterior solicitado por la Comisión de Auditoría y Supervisión del Riesgo concluyó que la única sociedad vinculada a Villarejo que facturó al grupo Iberdrola fue Cenyt y que las facturas satisfechas se correspondían "con servicios contratados por la Dirección de Seguridad Corporativa que, según sus manifestaciones, fueron efectivamente prestados por Cenyt en el contexto del proceso de expansión internacional de Iberdrola, con el propósito de asegurar la integridad de sus directivos en sus desplazamientos a países de riesgo, garantizar la confidencialidad de las comunicaciones y de las reuniones relevante del equipo directivo y reforzar la seguridad de emplazamientos vitales para la actividad de generación del grupo".

Además, en septiembre de 2019 se elaboró por el área de Auditoría otro informe sobre el control interno de terceras partes que concluyó que "el proceso seguido se ajustó a los procedimientos de control interno existentes en ese momento". Sin embargo, a raíz de la publicación en los medios el pasado mes de octubre de nuevas informaciones sobre contenidos o finalidades presuntamente ilegítimos en la relación de la sociedad Cenyt e Iberdrola, la Unidad de Cumplimiento, bajo la supervisión de la Comisión de Desarrollo Sostenible y en coordinación con la Dirección de Cumplimiento de Iberdrola Renovables, se inició una investigación interna al respecto.

Así, desde el pasado mes de octubre hasta este mes de febrero han tenido lugar 24 reuniones de los órganos de gobierno de Iberdrola, que reflejan "el impulso de todas las investigaciones llevadas a cabo, la supervisión de su desarrollo sin límites en su alcance y la garantía de que las áreas internas responsables de desarrollarlas contaran, en todo momento, con los medios humanos y materiales necesarios y actuaran libres en cualquier tipo de injerencia interna o externa.

No obstante, se precisa que las investigaciones internas llevadas a cabo han comprendido, en ambas sociedades, todas las evidencias documentales disponibles "cualquiera que fuera su soporte", aunque en algunos casos, ya sea por la naturaleza de los servicios prestados, el tiempo transcurrido desde que se realizaron (que excede el plazo de seis años establecido legalmente para la conservación de la documentación empresarial) "o la falta de colaboración de determinados exempleados, no ha podido hallarse una documentación completa".

SERVICIOS DE PWC

Además, la Unidad de Cumplimiento contrató directamente los servicios de PwC para la realización de una investigación interna, sin supervisión ni control por parte de órganos internos o abogados externos y con el compromiso de "cualesquiera que fueran sus hallazgos, ponerlos a disposición inmediata de las autoridades judiciales". En este sentido, PwC ha dedicado más de 3.000 horas de trabajo a esta tarea de investigación, ha procesado 4,67 terabytes (Tb) de información (4,4 millones de archivos) y ha revisado más de 300.000 archivos y más de 3.000 facturas, señala el documento.

Así, del resultado de todas estas investigaciones internas y de la colaboración de PwC para el informe 'forensic', que han sido puestos a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 6, se desprende que "no se han identificado otros pagos a sociedades vinculadas, directa o indirectamente, con el señor Villarejo, que los inicialmente identificados, correspondientes a las 17 facturas emitidas por Cenyt al grupo: 14 a Iberdrola y tres a Iberdrola Renovables".

Además, se destaca que la totalidad de los pagos a Cenyt, que se han llevado a cabo de conformidad con los procedimientos internos vigentes en el grupo en cada momento, se corresponden con facturas recibidas cuya información se encuentra registrada en los archivos internos del grupo, "dado que el Sistema de Gestión (SAP) no permite efectuar pagos que no se correspondan con el registro de la factura correspondiente".

De esta manera, no se han identificado evidencias ni indicios que permitan sospechar que los servicios referidos en las facturas revisadas no fueron prestados y de las investigaciones en curso, y con base en la información que se dispone, "no se ha identificado ninguna conducta ilegal ni contraria a las normas que conforman el sistema de gobierno corporativo".