Popular: la Audiencia tumba la teoría de la conspiración y el enriquecimiento injusto
Asegura que el Santander no intervino en la supuesta manipulación de las acciones
Tras la resolución y venta al Santander del Banco Popular, que arruinó a 300.000 accionistas y bonistas, ha surgido una 'teoría de la conspiración' instigada por algunos medios y abogados que sostiene que el hundimiento de la entidad responde a un plan preconcebido para que el banco que preside Ana Botín se quedara gratis con ella. La Audiencia Nacional tumba -al menos de momento- esta teoría, así como la tesis del enriquecimiento injusto esgrimida por algunos afectados.
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Esta teoría de la conspiración sostiene que "solo se explica el hundimiento del Popular si se parte de la existencia de un plan diseñado para que el Santander pudiera comprarlo por un euro. Si se parte de esa base, todo encaja. Y solo encaja así", explica uno de sus partidarios. El núcleo de esta tesis habría sido la manipulación de la cotización del Popular por parte de su último presidente, Emilio Saracho (supuestamente conchabado con Botín) para llevarla a cero, provocar el pánico y la huida de depósitos, y así abocarla a su resolución y venta a la desesperada ('fire sale').
Sus precursores y la defensa de Ángel Ron incluso han logrado que la Audiencia Nacional abra una pieza separada del 'caso Popular' para investigar esa posible manipulación mediante "la difusión intencionada de noticias falsas" perjudiciales para el banco.
Ahora bien, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, en el auto en el que 'desimputa' al Santander, tumba la tesis de que el Santander tuviera algo que ver en estas prácticas: "No existe dato alguno que indique una participación ni siquiera idniciaria del Banco Santander, S.A., en los hechos objeto de investigación. No intervino ni en la ampliación de capital aprobada en mayo de 2016, ni en la supuesta manipulación del valor de cotización de las acciones de Banco Popular Español, S.A., supuestamente llevada a cabo bajo la supervisión del anterior Consejo de Administración".
En todo caso, el auto del que ha sido ponente Fermín Javier Echarri admite que "no cabe descartar la hipótesis de la aparición de hechos con relevancia penal con posterioridad a la realización de las operaciones de transformación (...) de las que no ha sido posible tener conocimiento con anterioridad". Pero añade "aunque no parece que sea el caso".
TAMBIÉN DESCARTA EL ENRIQUECIMIENTO INJUSTO
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Otra tesis planteada por la representación de algunos grandes accionistas es que el Santander incurrió en la figura jurídica de "enriquecimiento injusto" o "sin causa", que sucede cuando alguien se enriquece a costa de otro por una decisión administrativa o judicial, sin causa justificada. En este caso, sería el banco que preside Ana Botín el que se enriqueció de forma injustificada al comprar por un euro algo que sólo un día antes tenía un valor de 1.500 millones en bolsa.
"Es verdad que el Santander obra de buena fe y que la decisión de resolver el Popular no es suya, pero aun así logra un enriquecimiento injusto correlativo al empobrecimiento de los que eran accionistas del Popular hasta ese momento", afirma Jordi Ruiz de Vila, del bufete Fieldfisher Jausas. Se trata de una figura que no aparece en ninguna Ley, sino que deriva de los principios generales del Derecho y de la jurisprudencia, y se aplica cuando no existe otra acción más específica.
Sin embargo, el citado auto también descarta esta posibilidad por el dinero que tuvo que inyectar el Santander al Popular parta que fuera viable."En ningún caso se produciría un enriquecimiento injusto por parte del Banco Santander, S.A., ni menos aún en el caso de autos un correlativo empobrecimiento injustificado, ya que obviamente tuvo en cuenta su valoración económica en el momento de efectuar la compra por un euro, a la vista del deterioro del valor de aquella, pero (sic) después inyectó liquidez y capital en el Banco Popular Español, S.A., para asegurar su viabilidad y solvencia".
Unas inyecciones que cifra en 13.000 millones de euros de liquidez el propio 7 de junio de 2017, y 6.879 millones de la ampliación de capital.
