Elon Musk quería retrasar la celebración del juicio al próximo año
La canciller de la Corte de Cancillería de Delaware, Kathaleen McCormick, ha fallado este martes a favor de Twitter para la celebración del juicio acelerado contra Elon Musk por romper el acuerdo de compra de la red social, pactado en 44.000 millones de dólares. El juicio tendrá una duración de cinco días y será en octubre.
Durante la audiencia, el abogado de Twitter, Bill Savitt de Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, ha argumentado que la solicitud de Twitter de un juicio en septiembre se ajustaba a los plazos de otros casos similares. Además, ha indicado que es necesario un juicio rápido para detener el daño continuo que Twitter ha experimentado debido a la incertidumbre del cierre del acuerdo y el supuesto menosprecio por parte de Musk.
Savitt también ha alegado que los intentos de Musk de retrasar el juicio pueden ser una estratagema para “agotar el tiempo” al dejar poco margen para las apelaciones antes de que expiren los compromisos de deuda que hizo para financiar el acuerdo.
El abogado de Musk, Andrew Rossman de Quinn Emanuel, por su parte, ha argumentado que la fecha es acelerada y demasiado agresiva para que su equipo tenga el tiempo suficiente de revisar el "enorme tesoro de datos" en Twitter, que Musk quiere ver para verificar el porcentaje de cuentas de spam en la plataforma.
Rossman ha acusado a Twitter de querer “continuar ocultando en secreto” ese número y de no haber proporcionado la información que Musk había pedido a la compañía anteriormente.
Pero Savitt ha destacado que determinar el porcentaje de cuentas de spam no es necesario en este caso, ya que “nada en el acuerdo de fusión gira en torno a esa cuestión”.
Musk comunicaba hace unos días que paralizaba la compra de Twitter tras semanas de ataques cruzados entre el consejero delegado de Tesla y la junta directiva de la red social. Rompiendo así un pacto entre las partes que se producía a finales de abril, mediante un acuerdo de 44.000 millones de dólares. Además, el acuerdo conllevaba una penalización de 1.000 millones de dólares para cualquiera de las partes que se retirase de la operación.