Mala gestión e interés personal: por qué la fiscal de Bankia quiere a Rato en prisión
La versión del exministro es muy diferente: "Todo se hizo razonablemente bien"
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El caso Bankia está a punto de quedar visto para sentencia y durante las últimas dos semanas la protagonista ha sido la Fiscalía Anticorrupción. Su representante, Carmen Launa, ha tenido la oportunidad de exponer con todo lujo de detalles las razones por las cuales cree que los exadministradores de Bankia deben ser condenados. Mala gestión, ocultación de deterioros, engaño a los inversores e intereses personales son algunos de los motivos que ha esgrimido el Ministerio Fiscal durante las cuatro jornadas en las que ha tardado en exponer su informe final.
Launa ha centrado el tiro en el expresidente de Bankia Rodrigo Rato, el exvicepresidente José Luis Olivas, el ex director financiero Ildefonso Sánchez Barcoj y el exconsejero José Manuel Fernández Norniella. Aunque también ha citado en numerosas ocasiones a los otros once encausados a los que acusa de cometer delitos por su gestión en Bankia, estos cuatro exdirectivos son los que, en su opinión, cargan con mayor culpa.
El primero de los hechos que la fiscal considera delicitivos es la mala gestión de estos exdirectivos. Launa considera que tanto Rato como Olivas y Barcoj tomaron la decisión de sacar Bankia a bolsa conociendo que no se estaba dando al mercado la imagen real de la entidad. Estos gestores, siempre según la fiscal, conocían que se había producido una ocultación de millones de euros en deterioros en el momento de la integración de las siete cajas y la creación de BFA.
Para la fiscal, tras escuchar el testimonio de decenas de testigos, peritos y encausados, "queda acreditado que la iniciativa de salir a bolsa, desechadas las otras opciones que contemplaba el Real Decreto, así como otras decisiones relativas a su desarrollo, a la información ofrecida a los inversores y, fundamentalmente, el contenido del folleto, a la fijación del precio y a la cuantía de la oferta fueron, única y exclusivamente, del consejo de administración de Bankia y, en especial, de Rodrigo Rato y José Luis Olivas, auxiliados de manera imprescindible por la Dirección Financiera", es decir, por Sánchez Barcoj.
Launa, en suma, cree que las cuentas de la integración en BFA no cuadran y considera que detrás de esta mala gestión se encuentra el delito de falsedad contable, pero también el de estafa a inversores. Por ellos pide ocho años y medio de prisión para Rato, cinco para Olivas y dos y medio para Sánchez Barcoj.
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MANTENER SU PRESTIGIO
Otra de las acusaciones más sangrantes que la fiscal ha vertido contra Rato y sus excompañeros de la dirección de Bankia es que sacaron a la entidad a bolsa sabiendo que se habían ocultado deterioros y que desecharon otras alternativas para no perder su prestigio ni su puesto en el banco.
"La [posible] pérdida de control [del banco] fue el detonante para mantener la opción de la salida a bolsa", aseveró la fiscal durante la exposición de su informe, tras lo que señaló que los gestores de la entidad pudieron elegir otra opción para Bankia, como la recepción de ayudas públicas por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), pero prefirieron no hacerlo para mantener tanto el control del banco como sus puestos.
La fiscal, además, cree que entre los gestores de la entidad llevaron a cabo un "menosprecio" al "cúmulo de situaciones que alertaban sobre la salida a bolsa", como el bajo precio al que finalmente debutó Bankia, 3,75 euros por acción, el hecho de que los inversores extranjeros no mostraran demasiado interés en la operación o las "maniobras" que los exgestores del banco efectuaron para colocar acciones entre determinados inversores, como venderlas a clientes con créditos refinanciados o llegar a acuerdos con otros para cubrir eventuales pérdidas.
RESPUESTA DE RATO
La versión de la defensa de Rato, sin embargo, difiere por completo. El letrado del expresidente de Bankia contó en el plenario una historia bien distinta, al atribuir el fracaso de la salida a bolsa y la necesidad de rescatar a la entidad en 2012 a un “accidente”, dado que “todo se hizo razonablemente bien”.
"Hubo una sucesión de hechos imprevisibles para todos aquellos que estaban inmersos en la situación”, defendió Ignacio Ayala, el abogado de Rato, para el que en este caso "no existen hechos constitutivos de delito y hay ausencia de culpabilidad".
En su opinión, la fiscal, durante su exposición, negó la crisis, “la más grave en tiempos de paz en España”, un contexto para él necesario para comprender que sobre la quiebra de la entidad Rato no tiene culpa alguna. Decidir si esto fue así queda ahora en manos del tribunal.
